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La valiosa contribución de la ANEP a la seguridad pública salvadoreña

Esta semana trascendió en los medios de comunicación que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), contratará a la firma consultora de Rudolf Giuliani para que analice la situación de inseguridad del país, su abordaje oficial y las herramientas con las que cuentan las instituciones de conforman el sistema de justicia penal salvadoreño, con la finalidad de que posteriormente formule propuestas concretas para controlar la crisis delictual en la que estamos sumergidos desde hace algunos años. Algunas personas se han mostrado escépticas en relación al beneficio real de este aporte tan importante y patriótico de la ANEP. La esencia de los argumentos principales es que la "receta" empleada por Giuliani para atacar exitosamente la criminalidad en Nueva York, tiene poca aplicabilidad en El Salvador, ya que son realidades diferentes.

La trayectoria de Giuliani en Nueva York, como fiscal y alcalde --marcada por la desarticulación de poderosos grupos del crimen organizado, la drástica reducción de la incidencia delictual y la atención efectiva y eficiente del ataque terrorista más significativo de las últimas décadas-- le agencian credenciales profesionales y técnicas que superan por mucho a las de cualquiera de los consultores y expertos normalmente contratados por las instituciones gubernamentales y organismos internacionales involucrados directamente en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). Resulta, por lo tanto, inexplicable el que algunos traten de subestimar, descalificar o despreciar el valioso aporte que representarán las propuestas entregadas por el equipo de primer nivel de la firma de Giuliani.

Tener a este excepcional grupo de profesionales en seguridad examinando nuestro problema delictual y, además, haciendo recomendaciones de cómo enfrentarlo, debería de ser bienvenido con los brazos abiertos por todos los salvadoreños --como un náufrago que atrapa la cuerda lanzada por un barco que lo pretende rescatar-- y debería también de propiciar la exigencia colectiva del cumplimiento de las propuestas al Gobierno. Hay decenas de razones por las que El Salvador debería de estar entusiasmado por este esfuerzo del sector privado. No obstante, considerando el limitado espacio de este tipo de publicación, me limitaré a mencionar brevemente una, que a mi criterio es la más importante:

La anhelada predominancia de los criterios técnicos sobre los intereses políticos por fin puede convertirse en una realidad. La política ha tenido efectos devastadores sobre la seguridad en El Salvador, como: (1) la formulación de estrategias populistas, poco efectivas sin fundamento técnico; (2) el nombramiento de funcionarios sin capacidad técnica adecuada o trayectoria profesional óptima; (3) la segregación de personas técnicamente capaces dentro del sistema de justicia penal, por razones políticas; (4) la supremacía de los dogmas políticos-ideológicos sobre los criterios técnicos en el trabajo estratégico y operativo.

Los novedosos y efectivos cambios en el abordaje de la criminalidad implementados durante la gestión de Giuliani como alcalde de Nueva York, se caracterizaron por tener una base técnica-científica. Hubo una concatenación perfecta entre principios criminológicos y el trabajo operativo, que posibilitó la exitosa adopción de nuevos paradigmas de trabajo policial. Giuliani no forzará su "receta" neoyorquina en El Salvador --como en el pasado lo han hecho muchos organismos internacionales con sus propias "recetas"-- más bien, utilizará la premisa con la que la creó (de emplear criterios técnicos-científicos sólidos, resultantes de la fusión de la teoría criminológica y la pericia adquirida en el terreno) para formular una "receta" salvadoreña.

Guiliani llenará el vacío técnico-científico que, hasta el momento, prevalece en el CNSCC. Además, revestirá las propuestas del sector privado con una coraza de profesionalismo y objetividad, librándolas de las nocivas influencias políticas-ideológicas. Consecuentemente, proveerá una buena hoja de ruta para abordar el grave problema delictual de El Salvador y, por lo tanto, sólo restará exigir su adopción y cumplimiento a las autoridades.

*Criminólogo.

@cponce_sv