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Vale la pena arriesgarse

comentando La falta de transparencia y la necesidad de cuentas claras por parte de quienes aspiran a la presidencia de la República hacen necesario y saludable el escrutinio durante la campaña electoral, por lo que urge que la ciudadanía exija un ve

La experiencia ha enseñado al pueblo salvadoreño a ver con desconfianza las plenarias en la Asamblea. La desconfianza es sana en el electorado, pues se puede canalizar auditando, debatiendo y exigiendo explicaciones a nuestros mandatarios, los diputados. Sin embargo, yendo más allá de la desconfianza, hay que temerle a todo proceso de ley que se hace al amparo de la noche. Asumamos, para no pecar de mal pensados, que en la última plenaria los señores diputados de ARENA ya estaban cansados y fue por eso que decidieron "protestar", retirarse temprano del pleno y no quedarse a debatir y a defender la democracia y las libertades. Asumamos también que la noche, además de enemiga de la transparencia, trajo consigo el sueño e impidió el debate meticuloso y análisis de costo-beneficio que esperamos, hagan nuestros diputados de cada reforma o ley por la que votan. Asumamos, todo por no ofender a nadie, que las intenciones de los diputados venían de un lugar noble y no del interés de pavimentarle el camino a Casa Presidencial en 2014 a ninguno de los aspirantes, procurando que su pie no tropiece con piedra y su corazoncito no se vaya a ver afectado por algún ingrato.

Sin embargo, aun haciendo estas benevolentes asunciones, la reciente reforma al Código Electoral no resiste un análisis crítico: ni desde el punto de vista democrático, jurídico, ortográfico o del sentido común. En aras de promover "la participación democrática de los ciudadanos" se pasó esta semana un decreto peligrosísimo. Sin consultar con nadie o pasar por comisión se decidió reformar el código para proteger el honor de los candidatos ante "desprestigios" hechos a través de "propaganda, publicidad o eventos proselitistas" en cualquier medio de comunicación.

No se especifica ni define a qué se refiere la ley con "propaganda, publicidad o eventos proselitistas" ni con qué criterios se calificará un "desprestigio". ¿Cuenta como lo anterior que en un campo pagado por un grupo ciudadano interesado en la transparencia se cuestione el origen de las fortunas de algunos de los aspirantes, que además han sido funcionarios previamente? ¿Entrará bajo esta definición la demanda de explicaciones hecha por algún ciudadano en una columna de opinión? A pesar de que no hubo tiempo para aclarar estas dudas válidas que se desprenden de leer la ley, sí quedó tiempo para establecer que la multa será de entre $5000 y $25,000 dólares. También quedó tiempo para establecer que será el Tribunal Supremo Electoral el que a través de un proceso administrativo que se estructura en un párrafo oirá, admitirá prueba, valorará y resolverá.

Lo anterior, que al no sostenerse frente a ningún tipo de análisis sólo demuestra estar motivado en la política, atenta contra la libertad de expresión ciudadana, el derecho del electorado a la información y el debido proceso. ¿Será que es del tipo de leyes que se legislan con la intención de no ser implementadas, únicamente esperando que el miedo a la multa desincentive la incómoda crítica? ¿Será que esperan que la ciudadanía, ante la falta de definiciones y conceptos claros en la ley, prefiera no jugarse el riesgo y opte mejor por la auto-censura? La falta de transparencia y la necesidad de cuentas claras por parte de quienes aspiran a la presidencia de la República hacen necesario y saludable el escrutinio durante la campaña electoral, por lo que urge que la ciudadanía exija un veto a estas reformas o su aclaración inmediata. Entre auto-censura y riesgo, en algo tan importante como reclamar por la verdad, quizá valga más la pena arriesgarse.

*Lic. en Derecho.

Columnista de El Diario de Hoy.

@crislopezg