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Una oportunidad para que la oposición contribuya a la seguridad pública

El oficialismo se ha caracterizado por su ineficiencia en el manejo de recursos. El Estado ha crecido de forma desmedida, sin producir efectos positivos

Múltiples investigaciones elaboradas por organismos internacionales sugieren que el presupuesto destinado a la seguridad pública en El Salvador es uno de los más privilegiados de la región, abarcando una porción relativamente elevada del presupuesto nacional. Dichos documentos establecen que el problema principal radica en una ineficiente distribución de recursos, ya que el Estado ha favorecido desproporcionalmente áreas de trabajo que tienen un impacto limitado sobre la incidencia delictual. Particularmente, los autores explican que la mayor proporción se adjudica al patrullaje y aluden a los resultados de investigaciones académicas en los que se demuestra que incrementar la presencia de personal uniformado puede mejorar la percepción de seguridad, pero no reducir la criminalidad de forma significativa. 

Los documentos también indican que áreas clave que tienen el potencial de tener que reducir los índices criminales, han sido descuidadas, asignándoles una pequeña parte del presupuesto. Específicamente, los informes argumentan que la investigación e inteligencia no cuentan con suficientes recursos, a pesar que fortalecer esas áreas de trabajo sería más eficiente y efectivo. También mencionan que los programas de prevención y rehabilitación no reciben el financiamiento adecuado, aunque tienen el potencial de tener un impacto significativo.

Este no es el primer artículo o el único espacio en donde estos hallazgos han sido citados. Analistas y columnistas han hecho referencia a estas conclusiones en sus lecturas sobre la aplicación de los nuevos tributos aprobados en la Asamblea Legislativa, para presuntamente fortalecer la seguridad pública (y los que se rumoran se avecinan). Tampoco es la primera ocasión en la que los discuto en esta columna. Sin embargo, parece que su inclusión en los análisis y comentarios no ha tenido la suficiente resonancia entre los sectores que podrían hacer algo para superar los obstáculos que esbozan. Particularmente, la oposición parece no haberlos internalizado y utilizado para construir estrategias que provean a los salvadoreños de un mecanismo con el que se garantice que el gasto en seguridad sea distribuido de forma adecuada. 

El oficialismo se ha caracterizado por su ineficiencia en el manejo de recursos. El Estado ha crecido de forma desmedida, sin producir efectos positivos. La cantidad de empleados públicos ha aumentado sustancialmente y los presupuestos ministeriales también, pero las crisis en diferentes rubros se han profundizado. Los señalamientos por despilfarro son frecuentes. Hace unos días, coincidentemente, varios periodistas diseminaron fotografías de vehículos todo-terreno que, según sus comentarios, serán entregados a jefes policiales. Evidentemente, su adquisición implicó una erogación elevada de fondos públicos. Sin embargo, a pesar de constituir un gasto significativo, no se traducirá en una reducción de la incidencia delictual. Es muy probable que lo recolectado mediante el nuevo impuesto no sea distribuido de la forma atinada y que las áreas de trabajo que han sido descuidas sigan teniendo presupuestos insuficientes.

La oposición, apropiándose de su papel de contrapeso del oficialismo y representante de buena parte de la ciudadanía, debería promover una reforma legal que incremente las capacidades de fiscalización y participación ciudadana para garantizar la administración adecuada de lo generado por la “contribución especial” recién aprobada. Es necesario contar con un mecanismo jurídico que obligue a las autoridades correspondientes a rendir cuentas sobre el destino de los tributos y la efectividad y eficiencia de los planes y estrategias. La ciudadanía necesita un espacio para interactuar con el Estado y obligarlo a corregir el rumbo de abordajes que no estén dando resultados. Algo muy diferente al poco productivo y ampliamente criticado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que tenga dientes y asegure a los contribuyentes que su dinero no será utilizado para comprar flotillas de carros para ponerlos al servicio de burócratas y sus familias.
 


*Criminólogo.
@cponce_sv