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El Tribunal Supremo Electoral

Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se le ha criticado en el pasado por el grave déficit en materia de administración de justicia. Desde su fundación, después del Acuerdo de Paz, las sanciones a los partidos políticos por el incumplimiento de la normativa electoral han sido prácticamente inexistentes.

En primer lugar, durante dos décadas el TSE ha ignorado el inicio de la propaganda política con anticipación a los plazos establecidos en la Constitución de la República y en la ley. Por otra parte, las amonestaciones por el uso de recursos del Estado para la campaña electoral en beneficio del partido de gobierno merecen el calificativo de cómicas e irrisorias. Asimismo, según una investigación realizada por el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES con el respaldo de AID, aproximadamente el cuarenta y tres por ciento de las denuncias interpuestas entre 2002 y 2012 fueron tramitadas en un período mayor a un año, muy cercano al final del período del funcionario cuya designación se cuestiona y, obviamente, cuando las elecciones ya se habían celebrado.

Tampoco existe un precedente que valga la pena recordar sobre alguna investigación de oficio por parte del TSE en materia de financiamiento político ilícito. Nada dijo en su oportunidad de los fondos de Taiwán ni nada dice ahora del patrocinio de Alba Petróleos. En los pocos casos en los que se atrevió a castigar a los partidos lo hizo ignorando el quórum de votación que exige el Código Electoral para este tipo de decisiones. Un incidente emblemático que ilustra lo anterior fue el de la cancelación de dos institutos políticos durante los años 2005 y 2011. Debe indicarse también que la mayoría de resoluciones del TSE durante el período señalado en el párrafo anterior fueron inadmisibles, improcedentes o se declaró el sobreseimiento, la caducidad de la instancia, la absolución, o simplemente nunca hubo sentencia.

Semejante desempeño en el área judicial propició duros reproches. Nada de eso ocurrió en la organización de los eventos electorales. Del buen desempeño y de la confianza de los ciudadanos en la administración de los comicios, a partir de 1994, dan cuenta las encuestas poselectorales del IUDOP. Son ya cinco elecciones presidenciales y siete legislativas y municipales, sin incluir la que se celebrará el próximo uno de marzo, en las que no se han advertido fallas relevantes en la celebración de los procesos. Los actores políticos han aceptado el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral y, salvo muy pocas excepciones resueltas a través de las vías legales correspondientes, no se han protagonizado episodios de desconocimiento de los resultados.

Lamentablemente para 2015 se encuentran en duda el buen récord y la credibilidad del TSE. La gestión de las actividades para facilitar al elector su derecho a votar y para garantizar la transparencia se hallan bajo sospecha. El recelo que causaron las declaraciones y actitudes de algunos de los magistrados se ha multiplicado en las últimas semanas. El titular del organismo colegiado señaló que "los votantes deberán tener paciencia a la hora de emitir el sufragio". El magistrado presidente agregó que, "quien se tardará menos es la persona que vote por bandera y la que se tardará más es la que vote por todos los rostros de los candidatos". Es preocupante que la máxima autoridad en materia electoral se incline por una forma de votar. Por el contrario su trabajo debería ser el de capacitar a la población a través de una agresiva campaña de educación cívica que incluyera el envío de las papeletas a todos los hogares de los salvadoreños para que los habilitados para votar se familiaricen con su contenido, practiquen y, el día de los comicios, tengan ubicados a los candidatos de su preferencia en caso hayan decidido cruzar el voto.

Al margen de esta desafortunada declaración, no se cuenta con información sobre los instructivos que servirán para capacitar a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos; se ignora si el sistema de transmisión de resultados será igual de eficaz que el utilizado durante las elecciones de 2012 y 2014; y los partidos se enfrascaron en un debate por el espacio en blanco entre una lista de candidatos y otra, que muestran varias de las papeletas en las distintas circunscripciones, otorgando una aparente ventaja gráfica a diferentes fuerzas políticas.

Es una pena que a la incorregible mala administración de la justicia electoral por parte del TSE se agregue una pésima dirección funcional del evento electoral. La esperanza es que varios de los magistrados, nuevos y veteranos, reaccionen con prontitud, informen en los próximos días sobre los temas que han cuestionado varias organizaciones de la sociedad civil y exijan a sus compañeros de mesa la responsabilidad y la debida diligencia en la ejecución de sus atribuciones.

*Columnista de El Diario de Hoy.