Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

¿Tregua política…?

Los Órganos fundamentales del Estado y las instituciones que tienen a su cargo la investigación del delito están obligados a coordinarse de manera efectiva para detener el sangramiento que sufre el país.

Existe la queja generalizada que en El Salvador se vive permanentemente en elecciones. Que el presidente Sánchez Cerén deba lidiar con tres legislaturas diferentes confirma lo anterior. Por esa razón el principal argumento de los diputados cuando aprobaron la reforma constitucional que pretende ampliar el período para el cual ellos y los alcaldes son designados, de 3 a 5 años, fue el de crear un espacio de “paz electoral”. En ese tiempo, fuera de campaña y sin la ansiedad que les provoca los comicios, se abre la posibilidad de una actuación más racional de los políticos en función del bien común.

En 2013, año preelectoral a las presidenciales de 2014, y en este último, antesala de la contienda de diputados y alcaldes de 2015, se evidenció la “mala praxis“ de los partidos y la del gobierno central al aprobar y poner en marcha una serie de decisiones de corte populista y al manipular las instituciones para perjudicar al adversario político. Al agregar la pasividad de la autoridad electoral para sancionar la propaganda adelantada, el escenario se complica pues la impunidad incentiva perversamente a las fuerzas políticas a realizar todo tipo de acciones con el objetivo de sumar votos para sus candidatos.

Si la finalidad que se persigue al extender los años que dura el mandato de los diputados es la de abrir una “canícula de sensatez y cordura” para la búsqueda de consensos, la mejor prueba será el comportamiento de los grupos parlamentarios en el 2016. Son 12 meses sin competencias electorales en los que la agenda nacional debe prevalecer sobre cualquier otro interés. Este plazo podría extenderse hasta el tercer trimestre de 2017 de cumplir el Tribunal Supremo Electoral con su labor.

Se trata de un intervalo en el que la discusión política tendría que girar alrededor del combate al crimen, la mejora en el clima de negocios y la lucha contra la corrupción. Si nada se hace para mejorar en estos ámbitos y por el contrario se avivan y fomentan la impunidad y el clientelismo político, entonces la población comprenderá que la intención de los partidos para prolongar por 24 meses más el cargo de los legisladores en realidad busca objetivos oscuros y no los que se presentaron en abril del año pasado cuando todos los institutos políticos votaron por iniciar la modificación de la Constitución de la República en ese aspecto.

Durante el 2016 también es necesario avanzar en la reforma electoral y elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, cuyo nombramiento se encuentra en mora, así como al titular de la Procuraduría General de la República. El consenso unánime alrededor del nuevo Fiscal General de la República demuestra que sí es posible lograr pactos que fortalezcan el sistema político nacional.

El censor más seguro para auditar la conducta de los partidos en el ciclo de sosiego electoral al que nos referimos en esta columna de opinión es el de la sociedad civil organizada. Son los movimientos ciudadanos, las asociaciones de profesionales, los sindicatos, las gremiales empresariales, los centros de pensamiento y las redes de jóvenes los que deben vigilar el proceder de los funcionarios públicos y exigir una atención focalizada alrededor de las principales temáticas nacionales. La presión pública mantuvo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en sus cargos, logró la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y seguramente alcanzará un éxito similar respecto del ordenamiento legal en materia de probidad.
 
También es urgente y prioritario enfilar las actuaciones gubernamentales en el ámbito de la seguridad. Durante la “tregua política” que nos ofrece el 2016 y parte del 2017, los Órganos fundamentales del Estado y las instituciones que tienen a su cargo la investigación del delito están obligados a coordinarse de manera efectiva para detener el sangramiento que sufre el país. Hacer lo contrario puede enrumbarnos hacia un túnel oscuro que estimule la peligrosa tentación en los ciudadanos de resolver el problema a través de mecanismos al margen de la ley y en las autoridades la de maquillar las cifras de delitos principalmente las de los homicidios.
 


*Columnista de 
El Diario de Hoy.