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Transparencia inactiva

El 9 de diciembre se celebró alrededor del mundo el Día Internacional contra la Corrupción. La academia ha probado más de una vez el enorme impacto negativo de la corrupción en el desarrollo, por lo que para países que con tanta urgencia necesitan salir adelante, el combate a la corrupción debería ser prioritario. En El Salvador, la fecha del Día contra la Corrupción cayó, sin falta de ironías, en la semana en que el presidente del Órgano Legislativo se encuentra bajo escrutinio por la compra de terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada con un generoso descuento.

El diputado Reyes negó haber usado su posición pública de poder para favorecer sus intereses privados y de paso, aprovechó su carta para acusar de calumnias y difamaciones al medio que publicó la noticia e hizo los cuestionamientos iniciales, seguramente para hacer un completo aprovechamiento del papel que estaba usando y que no hubiera desperdicio. Aparentemente, el diputado ha sido preparado en la escuela Bukele de rendir cuentas, en que la explicación debe ir necesariamente acompañada del ataque ad-hominem: más que simplemente enfocarse en el contenido, salen al ataque también del medio y los periodistas, ignorando que la verdad, donde existe, se defiende sola cuando se demuestra, sin necesidad de acompañarla de berrinches y ataques a quienes simplemente están ejerciendo su profesión.

Para no ser menos y unirse en la celebración del combate a la corrupción por todo lo alto, el Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (cachiporrista en jefe de toda acción gubernamental, real o inventada) salió rápidamente, a través de una conferencia de prensa, a la defensa de la transacción entre el IPSFA y la empresa de la que es socio el diputado Reyes. No aprovechó el secretario Rodríguez en su intervención mediática, para explicar por qué funcionarios de la administración de la que es parte acuden a la Sala de lo Contencioso Administrativo para buscar abstenerse de dar información pública, o por qué no se conoce el listado de asesores de la Asamblea Legislativa, o por qué (y para proteger a quién) los costos de publicidad gubernamental siguen siendo información reservada, o por esclarecer si existe o no conflicto de interés en qué.

Realmente sería activa la transparencia que dicen promover en el sitio de propaganda gubernamental (transparenciaactiva.gob.sv) si publicaran qué esfuerzos están haciendo por intentar reformar la arbitraria reserva constitucional que existe sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios y que impide que éstas sean del conocimiento del público, obstaculizando el escrutinio que podría proveer la ciudadanía, en su rol de auditoría democrática. Sería valiosísimo que esta institución que dice velar por la transparencia y la anti-corrupción, pareciera estar aliada con la ciudadanía en el rol de auditar y exigir cuentas, y no con los funcionarios que de manera tan pronta, sale a defender.

*Lic. en Derecho con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Columnista de El Diario de Hoy.

@crislopezg