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¿Sólo los ciudadanos?

Muchas veces pareciera que sólo a los ciudadanos nos toca cumplir con la ley. Muchas instituciones del Estado y funcionarios se han vuelto expertos en justificarse, con el pasado, con la falta de dinero, con el actuar de otros funcionarios. No se imaginan lo que cambiaría el país con sólo que nos acostumbráramos a cumplir la ley. Todos, incluyendo el Presidente.

No digo que siempre no cumplan la ley. Digo que el espíritu de la gestión pública no se ha impregnado de una férrea voluntad por cumplir la ley. El funcionario obviamente está también para garantizar que todos cumplamos la ley. A los policías de tránsito les toca velar por el cumplimiento de las leyes de tránsito. Pero no sólo deben velar, porque otros la cumplan, sino que en principio deben hacerse personalmente responsables del cumplimiento que como funcionarios les corresponde.

Si la Asamblea Legislativa ya aprobó una ley que ha sido ratificada por el Presidente, pues a cumplirla. Este inicio de año por ejemplo amanecimos nuevamente con el problema del transporte público. No pretendo ahora evaluar dicho sistema y si los empresarios de buses cumplen con su parte o no, en términos de buen servicio y calidad. Simplemente es inaudito que el Gobierno pueda con entera libertad, como si no pasara nada, dejar de pagarles durante meses y meses un subsidio (quizás no merecido), pero legal.

"Es que no tenemos dinero". Ojalá esa excusa nos sirviera a tantos de nosotros que luchamos por mantener nuestro historial crediticio limpio y que nos honra el cumplir con nuestras obligaciones. El simplemente decir "no tenemos dinero" es una excusa lamentable. A los funcionarios se les debería caer la cara de vergüenza de no cumplir la ley. Ya suficiente descaro es que, para hacer negocios con el Gobierno, una empresa deba asumir plazos de pago larguísimos de más de 90 días, para que a ellos no parezca avergonzarles nada.

Pero no sólo ocurre cuando es cuestión de dinero. También pasa por ejemplo por la Ley de transparencia y acceso a la información. Desde el mes de mayo del año pasado el Presidente Funes se ha negado a cumplir con el nombramiento de los comisionados del Instituto, aduciendo falta de idoneidad. En diciembre la Sala de lo Constitucional sentenció que debe proceder a nombrarlos. Todavía esperamos.

El ejercicio de la política en el país debe llenarse de ese celo acucioso por cumplir hasta la letra más pequeña de la ley. Los que deben abanderar este cambio son por supuesto los funcionarios y bien haría el Presidente Funes en designar a su personal de transparencia para velar por este celoso cumplimiento. ¿A cuántos funcionarios les falta declarar su patrimonio? ¿Cuántos funcionarios reciben complemento salarial por el que deberían pagar renta?

¿Cuántas solicitudes de información no han sido atendidas? Llegar al 98% como clama el Subsecretario de Transparencia es ciertamente un logro, pero no debe sentirse satisfecho. 100% es lo que le demanda la ley. 100% de cumplimiento. A los ciudadanos el Ministerio de Hacienda difícilmente nos dará cinco meses sin intereses para pagarle los debidos impuestos. 100% de cumplimiento. Celoso, acucioso, yendo incluso a los límites de la ley.

Y como siempre depende de la actitud y de imbuir ese espíritu de cumplimiento a mansalva. Algunas veces he hecho uso de Oficinas de Acceso a la Información Pública. Siempre he obtenido la respuesta buscada. Sin embargo, en una ocasión el funcionario no procedió hasta recibir órdenes superiores. A estas alturas del Gobierno, por más publicidad del cambio que permanece, poco dejará huella a no ser que inviertan en institucionalidad. Este cambio que comienza desde arriba es crucial para el futuro de la democracia en el país.

* Columnista de El Diario de Hoy.