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Sociedad y Estado organizados para la seguridad y no diálogos oscuros

La semana pasada escribí en este mismo espacio sobre las dos versiones de "la tregua" que grupos adversarios intentan venderle a la ciudadanía en el contexto de la actual ofensiva criminal lanzada por las pandillas. Expliqué que lo más probable es que ninguna de las dos sea retomada por el gobierno entrante y que la negociación entre el Estado y los cabecillas pandilleros se esconda en la clandestinidad que se pretendía manejar por Munguía Payés y su séquito, ya que el intercambio de beneficios en la oscuridad conlleva menos costos políticos.

Muy diferente a lo que proponen estos grupos antagónicos, así como se hizo en la exitosa lucha contra los secuestros al final de la década de los noventa, es necesario que los salvadoreños honestos y trabajadores creemos un solo frente contra la criminalidad, que la sociedad y el Estado se organicen en función de la seguridad pública y se defina conjuntamente una ruta para atacar el grave y complejo problema delictual. Sin embargo, difiero de forma categórica en relación a la pretensión de involucrar en este esfuerzo a grupos criminales.

Considerando el nivel de evolución y consecuente sofisticación que han logrado las pandillas en nuestro país, en especial gracias al cambio de interacción con el gobierno en el marco de "la tregua", cualquier espacio de "diálogo" se instrumentalizará en favor de las actividades delictivas de la agrupación. La incursión de las pandillas en delitos más complejos y rentables, su corrupta interacción con malos funcionarios y la extorsiva naturaleza de la ola criminal que azota al país, indican que dichas agrupaciones y sus cabecillas buscan únicamente continuar y ampliar su estilo de vida criminal.

La magnitud y poder que han alcanzado las pandillas demanda que la respuesta de la sociedad y el Estado sean igualmente contundentes, por lo que es necesario que todos los sectores sociales honestos se estructuren alrededor de un mismo esfuerzo. Cualquier iniciativa encaminada hacia este objetivo debe de generar la confianza suficiente como para atraer a la ciudadanía. Confianza es la palabra clave.

Incorporar a representantes de grupos criminales, responsables de actos barbáricos en todo el país orientados a empujar hacia una negociación con el nuevo gobierno, independientemente de la genuinidad de sus intenciones, lejos de generar confianza alejaría a sectores importantes y, en consecuencia, erosionaría cualquier intento por producir una respuesta ampliamente aceptada y apoyada.

Es necesario ver esto bajo una lógica simple sobre qué es lo que se necesita para generar confianza. Por ejemplo, si un amigo me propone una oportunidad de inversión, mi decisión sobre aceptarla o no dependerá, entre otras cosas, de la confianza que me genere su propuesta. Esto, a su vez, depende esencialmente de la claridad con la que se explique el proyecto, la definición de reglas claras y justas, las garantías jurídicas que ofrezca para asegurarlas y el nivel de fiscalización que permita sobre la ejecución del proyecto y el destino de los fondos.

Hasta el momento, no existe una intención clara por parte del nuevo gobierno que permita inferir que retomará una de las dos iniciativas propuestas. Ambas, según el presidente Funes, derivan de la oscura negociación con las pandillas. Tampoco existe una señal que indique si el nuevo gobierno está dispuesto a someterse a la fiscalización, evaluación y escrutinio ciudadano que necesita para generar un amplio apoyo para su gestión en seguridad pública. No existe un rumbo claro y definido por las autoridades entrantes y las iniciativas propuestas hasta ahora no han sido claramente explicadas, no garantizan que las recomendaciones y consensos ciudadanos sean tomados en cuenta por el Estado y tampoco define con precisión los mecanismos de control y fiscalización ciudadana. Hasta ahora, en consecuencia, no hay algo que genere confianza y, por tanto, el apoyo de todos los actores sociales.

*Criminólogo

@cponce_sv