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Sociedad civil vigilante de prácticas políticas vs institucionalidad

Visto desde un ángulo positivo, se vive un momento sumamente interesante en el país. Diferentes actores sociales ejercen el poder en el espacio público simultáneamente, en un devenir que prueba a nuestra joven democracia. Tradicionalmente, la semana previa a la celebración de la Semana Santa ha sido un momento de sorpresas políticas. Este año no fue la excepción, la Asamblea Legislativa eligió nuevamente magistrados de la Corte de Cuentas sin documentar objetivamente las competencias de los candidatos y sin asegurar que se cumpliera la independencia partidaria. La Sala de lo Constitucional reaccionó ágilmente, señalando que no se verificaron los parámetros constitucionales, dejando por ende la elección del 20 de marzo sin efectos jurídicos. Regresamos después de las festividades a la actividad política de alta intensidad.

Las instituciones importan y cuando cumplen con su rol, ganan respeto y credibilidad. Por ello, en índices como el LAPOP, la justicia en El Salvador ha ganado más confianza recientemente. La sociedad civil ha estado pendiente del respeto a la división de poderes y el control entre Órganos. El apoyo constante que la Sala ha recibido de ésta se ha manifestado en varias oportunidades, desde la derogatoria del decreto 743, nefasto intento por anular su funcionalidad. También estuvo de su lado durante la crisis institucional vinculada con la doble elección de Magistrados de la Corte Suprema y Fiscal General, en donde la Sala declaró su ilegitimidad.

Pero nuevamente suenan los tambores de guerra y se presenta una oportunidad para que la Asamblea Legislativa cumpla a cabalidad la sentencia y vuelva a elegir magistrados de la CCR. Es momento de reconocer que la confrontación entre el Órgano Legislativo y Sala de lo Constitucional produce un rechazo a la clase política. Nuevamente la factura puede recaer en los diputados que voten con criterios partidarios y no de fortalecimiento democrático. El camino del deterioro institucional no debe seguirse ensanchando. El tema de la probidad y el manejo de los fondos públicos tendrá un peso relevante en esta época preelectoral. Los partidos políticos deben recuperar el prestigio con sus actitudes y actuaciones, respetando las reglas del juego democrático.

Los políticos no pueden darse el lujo de subestimar la desconfianza en la CCR, pensando que al tratarse de temas áridos y de índole legal, la ciudadanía no reparará en su relevancia y se saldrán con la suya. Hasta hace poco, estos temas eran preocupación de pocos académicos y profesionales del derecho, pero hemos sido partícipes de un cambio histórico: se ha puesto de moda la justicia constitucional entre un grupo bastante amplio de la sociedad, el cual cuenta además con el vigor de la juventud. Era más difícil la traducción del mensaje del peligro del "743" que la del rol que debe desempeñar la CCR en el manejo de los fondos públicos. Esta institución ha perdido respeto por el incumplimiento de sus atribuciones y al permitir que por décadas se generaran ambientes de amiguismo, clientelismo y corrupción.

La participación, cada vez más activa de los diferentes integrantes de la sociedad salvadoreña unidos en la lucha por principios comunes o ante el ejercicio abusivo del poder, es uno de los grandes triunfos de la madurez democrática que se vive ahora en el país. Este fuerte y poderoso quinto poder debe conservarse independiente y su organización obedecer a momentos cruciales de defensa del sistema en torno al respeto de los derechos fundamentales como la justicia y la libertad. Nadie es su dueño y es un contrapoder que ha acompañado transiciones democráticas globalmente. Como es una noción ambigua, nuestros políticos se la tratan de disputar o enviñetarla de izquierdas y derechas. No sigamos argumentando que porque en el pasado no se hizo, no nos merecemos tener una Corte de Cuentas independiente y técnica que luche contra la corrupción y el despilfarro de los escasos recursos públicos.

*Columnista de El Diario de Hoy.