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Seguridad y sentido común

Proteger la vida y la seguridad de las personas es la primera responsabilidad de un Estado y en esto, está fallando rotundamente. Es urgente que este Gobierno deje de atacar a sus opositores políticos y se deje ayudar

Nuestro país está colapsando en un espiral de violencia. Cada mes somos testigos de nuevos récords de asesinatos. El Salvador se está hundiendo en la sangre de sus ciudadanos, y hasta el momento no vemos luz que nos indique que las cosas puedan cambiar. Por el contrario, nuestras autoridades, en vez de enfocar sus esfuerzos, sus capacidades y su creatividad en buscar verdaderas soluciones a la situación que vive nuestra patria, se dedican a atacar a sus contrincantes, a construir excusas y justificaciones, y a distraer con teorías conspirativas. Nos deja la impresión que las autoridades están más interesadas en mantener y consolidar su poder, que en solucionar los problemas que enfrenta la población. 

La crisis de inseguridad y violencia que vivimos no se solucionará con spots de televisión que nos digan que la seguridad es responsabilidad de todos. No se solucionará con comités, comisiones o planes de trabajo que quedan en papel. Tampoco se solucionará amenazando a los medios de comunicación o presionándolos a que pinten una visión falsa de la realidad. Tampoco se solucionará intentando que la población piense que los opositores del gobierno son responsables de la violencia o con fantasmas de golpe de Estado. 

Otras voces solicitan ya estados de sitio y pena de muerte, ante la desesperación que vive día a día la población. Es fácil entender que la ciudadanía apoye este tipo de medidas ante el agobio y el temor que enfrentan constantemente. Pero el impacto de este tipo de medidas fuera poco más que mediático. No son suficientes para contrarrestar los causantes reales del problema que enfrentamos. El fenómeno de las maras y de la violencia social es sumamente complejo, con raíces que se han arraigado en nuestras comunidades, nuestras instituciones y en la mente de un gran número de jóvenes en nuestro país. Para poder empezar a encontrar soluciones reales, debemos tomar en cuenta esta complejidad, y ejecutar planes que respondan a ella. 

Hay mucho que se debe hacer. Primero, de nada sirve hacer redadas masivas o acusar a más de 300 mareros de actos terroristas, solo para sacarlo en televisión, si la mayoría de los capturados salen en libertad. Si no existe certeza de que al criminal se le castigará, no existe incentivo para que el criminal deje de delinquir. No son necesarias penas más severas. Son necesarias reformas al sistema judicial y mayores inversiones en la capacidad investigativa de la policía y fiscalía, con el propósito de reducir la impunidad y hacer valer la ley. 

Pero también hay factores sociales y sociológicos poderosos que actualmente promueven la cultura de violencia que vivimos. Para reducir la participación e incorporación de más jóvenes a organizaciones criminales, es imperante fortalecer el tejido social y reconstruir la legitimidad de la autoridad. ¿A qué futuro puede aspirar un joven sin oportunidades laborales, sin un entorno familiar estable, sin una vinculación fuerte con su comunidad, sin un sentido de pertenencia y propósito, y con una visión de la autoridad, no como un apoyo y protector, sino como un agresor y un enemigo? Entendiendo la realidad en que viven grandes segmentos de nuestra población, especialmente los jóvenes, no nos debería sorprender el camino que ha llevado nuestra sociedad. 

Asegurar la certeza del castigo. Fortalecer el tejido social. Reconstruir la legitimidad de la autoridad en las comunidades. Recuperar el control territorial. Un entorno favorable al desarrollo económico y a la generación de empleo. Mejores condiciones laborales y herramientas para las fuerzas de seguridad. Inversión en la capacidad investigativa. Hay mucho que se debe hacer. No soy experto en temas de seguridad, pero el sentido común es suficiente para poder ver que no se está haciendo ni una fracción de lo que se puede y debe hacer. Proteger la vida y la seguridad de las personas es la primera responsabilidad de un Estado, y en esto, está fallando rotundamente. Es urgente que este Gobierno deje de atacar a sus opositores políticos y se deje ayudar. Es tiempo de dejar de lado la política y las ambiciones de poder, y de poner primero al país y a su población.


*Colaborador de El Diario de Hoy.