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El Salvador y su electorado presidiario

Las recién pasadas elecciones han producido una complicada coyuntura política para el país. El partido de oposición ha presentado información ante las autoridades correspondientes, que sugiere que el FMLN y el Gobierno formularon y ejecutaron una estrategia secreta, basada en acciones fuera del marco legal, para asegurar votos a su favor. El ambiente tenso y conflictivo, fomentado por la actitud hostil y visceral del presidente Funes durante la campaña, sin embargo, dejó hastiada a la ciudadanía de acusaciones y confrontaciones entre adversarios políticos, por lo que muchos abogan por que el perdedor acepte su derrota, se abandonen los señalamientos y todos nos concentremos en construir juntos un mejor futuro para El Salvador.

Normalmente, en congruencia con el escepticismo que han sembrado los políticos en nosotros, el pueblo salvadoreño, yo también pondría en duda la veracidad de las acusaciones de la oposición y, en consecuencia, favorecería abandonar el tema y ver para adelante. En esta ocasión en particular, no obstante, los señalamientos del partido ARENA tienen sustento y, por lo tanto, las implicaciones resultantes son gravísimas para el país, dignas de nuestra completa atención.

Antes de que el partido de oposición acusara públicamente al FMLN y al Gobierno de coordinar el voto de personas que purgan penas en los presidios del país, esta información ya transitaba con mucha fuerza en círculos policiales y penitenciarios. Muchos policías, por ejemplo, indignados por haberse encontrado en los centros de votación a los que fueron asignados, con delincuentes que ellos mismos habían ayudado a capturar y encarcelar, al final de jornada comentaron con sus compañeros la triste experiencia. La mayoría no escondió su asombro por la inmoralidad que la situación implica y, además, su temor a denunciarla por las posibles represalias que conllevaría.

Hasta este punto, aún es válido que persistan dudas y la denuncia del partido de oposición se puede interpretar como nada más que una acción típica de nuestra clase política: aprovecharse de un rumor para alcanzar objetivos partidarios, legitimándolo, manipulándolo y, si las circunstancias ameritan, amplificándolo. Los detalles proveídos por ARENA, sin embargo, hacen que sus acusaciones trasciendan esta tradicional táctica política y alcancen una dimensión seria, que muy pocas veces la ciudadanía puede escrutar.

Movido aún por la desconfianza generada por los políticos salvadoreños, investigué cinco nombres que seleccioné aleatoriamente del listado de presuntos privados de libertad que inexplicablemente están inscritos en el padrón, según la oposición. Después de hacer el ejercicio, en efecto corroboré que las dos mujeres y tres hombres que escogí de la lista presentada por ARENA, aparecen en el padrón electoral a pesar de haber sido imputados y condenados en causas judicializadas entre 2007-2010 por diferentes delitos, entre los que figuran: trata de personas, homicidio, abuso sexual de menores, portación ilegal de armas de fuego y robo. Esto constituye un serio indicio que, aunado a los demás elementos presentados ante las autoridades, hace más creíble de que el FMLN y el Gobierno hayan confabulado para la perpetración sistemática de ilícitos, con la finalidad de ganar votos.

Corroborar o desvirtuar la grave hipótesis que plantea esta información, no tiene que verse en función de las preferencias partidarias o ideológicas, ya que trasciende el interés político. Instrumentalizar las instituciones del Estado de la forma en que esbozan que se hizo las acusaciones de la oposición, es algo que atenta contra toda la ciudadanía, sentando un precedente nefasto de lo que es aceptable en la consecución de fines políticos/electorales. Esclarecer los señalamientos es urgente, no para ver quién ganó y quién perdió, sino para enviar un fuerte mensaje a la clase política: las instituciones públicas no estarán al servicio de un partido político, sino de los salvadoreños. Esta indagación pondrá a prueba la independencia del sistema de justicia penal y la probidad de sus funcionarios.

*Criminólogo

@cponce_sv