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La Sala da un nuevo impulso a la reforma política

La Sala de lo Constitucional continúa moldeando el sistema político salvadoreño. La principal causa de esta intervención ha sido la omisión de los partidos políticos. Estos últimos han perdido la oportunidad de ser ellos, y no otro Órgano de Estado, el que diseñe la "arquitectura institucional" que rige el sistema electoral del país. Tratándose del vehículo que por excelencia es utilizado para alcanzar el poder, los partidos debieron preocuparse por configurar las reglas que modernizaran el ordenamiento jurídico electoral.

Los mayores beneficiarios de toda reforma política son precisamente los partidos y sus integrantes. En la medida que se presentan más transparentes, más democráticos y mucho más cercanos a quienes los eligen, su credibilidad crece, se fortalece el sistema de partidos y se evita el surgimiento de "líderes mesiánicos".

Sin embargo los partidos se olvidaron de remozar la legislación electoral. Creyeron que el diseño del sistema en el marco del acuerdo de paz era suficiente para garantizar su existencia. La sociedad civil organizada ha intentado por años incentivar a los políticos para que revisen permanentemente las disposiciones que les son aplicables. De esta manera se garantiza la celebración de eventos electorales transparentes, libres, periódicos y equitativos. No sólo debieron pasar dieciocho años desde Chapultepec para que se revisaran las reglas aprobadas en 1992, sino que además debió ser una institución diferente al Órgano Legislativo la que promoviera la revisión de los diferentes mecanismos del sistema de representación.

Con la sentencia de inconstitucionalidad del nombramiento del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, debido a su afiliación partidaria, se abre de nuevo el debate sobre la necesidad de activar la revisión de la institucionalidad electoral. Buena parte de la estabilidad política de un sistema democrático depende de la imparcialidad del árbitro electoral. Si se duda de la objetividad de su trabajo, la legitimidad de las autoridades designadas por el sufragio de los electores estará en riesgo y el reconocimiento de su mando y superioridad por parte de los ciudadanos y de la oposición política se debilitarán.

Este ente colegiado es el responsable de sancionar, oportunamente, a los diferentes actores políticos y a los particulares que incumplan las obligaciones y restricciones establecidas en la legislación electoral. Por esta razón es tan importante la neutralidad en la aplicación de la ley por parte de los magistrados del Tribunal. Esa independencia se encuentra en tela de juicio cuando los titulares de la autoridad electoral representan al mismo tiempo a los partidos demandados, o a los demandantes en su caso, ejerciendo al mismo tiempo el papel de juez y parte.

En prácticamente toda América Latina la institución autorizada para sancionar la violación del ordenamiento jurídico está integrada por especialistas en derecho electoral. En la mayoría de sistemas, el legislador ha optado por separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales. A una entidad le encarga la organización de los comicios mientras que a otra le asigna la delicada tarea de juzgar a quienes sobrepasen las reglas que rigen la competencia de los partidos por el poder político.

El acuerdo de paz suscrito en 1992 sustituyó al antiguo Consejo Central de Elecciones por el Tribunal Supremo Electoral. Los firmantes decidieron que la integración de este organismo sería de carácter mixto, de tal forma que de los cinco titulares, dos de los magistrados serían nombrados por la Asamblea Legislativa de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Los tres magistrados restantes se elegirían de "las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial".

El sustento de esta decisión era hasta cierto punto razonable. Tratándose del final de un conflicto armado, los partidos acordaron aplicar "la desconfianza recíproca" como el principal parámetro para el diseño de las normas electorales. De esta manera, y sin restricción alguna, el TSE ha sido dirigido por delegados de los diferentes institutos políticos en combinación con abogados que, teóricamente, no presentaban vínculos ni de hecho ni de derecho con ninguno de los partidos existentes.

Los actuales magistrados del TSE finalizan el período para el cual fueron electos el próximo mes de julio. En agosto, la Asamblea Legislativa procederá al nombramiento de los nuevos funcionarios que tendrán a su cargo la administración de las elecciones legislativas y municipales de 2015 y 2018, así como la presidencial de 2019. Por esta razón es tan importante que los diputados tomen con la madurez del caso esta nueva resolución. Deben aprovechar este mandato judicial para elegir a ciudadanos que no respondan a intereses partidarios y además discutir una posible modificación constitucional que establezca claramente la independencia de los magistrados que administren justicia electoral y los requisitos profesionales y académicos que deberán cumplir para el cumplimiento de esta atribución.

*Columnista de El Diario de Hoy