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La Sala de lo Constitucional y el Instituto de Acceso a la Información Pública

esulta que no sólo se mide la calidad de aquello que es tangible. También lo intangible, como la democracia, puede ser objeto de una evaluación. Y como en el caso de un producto industrial, según el ejemplo del politólogo italiano Leonardo Morlino, con la democracia deben cuidarse aspectos de procedimiento, de contenido y aquellos relacionados con la satisfacción ciudadana. Tres de las ocho dimensiones utilizados para conocer la calidad de la democracia son el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de los gobernantes.

Nos encontraremos frente a un estándar democrático alto cuando quienes administran el poder político se preocupen por cumplir esos parámetros. Si hacen lo contrario restringiendo las libertades, impidiendo el acceso a la información pública, incumpliendo la ley, irrespetando la independencia de las instituciones, limitando la competencia partidaria o la participación ciudadana, entonces la calidad será mala y la democracia agonizará dando paso a otro tipo de sistema político.

La elección en 2009 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la integración del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en 2013, han mejorado la confianza ciudadana en las instituciones. La independencia de la Sala, confirmada con una serie de resoluciones a lo largo de los últimos cuatro años, revitalizó el estatus del ejercicio de la judicatura, avivó el interés de la sociedad por la justicia constitucional y terminó con la mora en la tramitación de los procesos. La Sala ha retomado la rendición de cuentas "interinstitucional", esa que permite el control recíproco entre instituciones públicas, evita los actos arbitrarios de los funcionarios y fomenta el respeto de la Constitución.

Por otra parte, con la creación del IAIP, los salvadoreños encontraron la herramienta idónea para supervisar el uso correcto de los recursos del Estado. Antes de la ley de acceso a la información pública todas las compras y adquisiciones del Estado eran secretas y el conocimiento por parte de los ciudadanos estaba seriamente reducido. A partir de su aprobación, aunque todavía de manera muy tímida, los ciudadanos han recurrido a los oficiales de información para solicitar documentos de su interés. Todavía son escasos los reclamos ante el IAIP, pero sus primeras resoluciones ordenando a quienes incorrectamente han declarado reservada la información que debería ser pública para que procedan a desclasificarla y a entregarla al solicitante, promete una entidad que cumplirá a cabalidad las atribuciones conferidas por su ley de creación.

Diferentes estudios identifican como democracias de "alta calidad" a las del Uruguay, Chile, Costa Rica y en menor medida, las de Argentina y Brasil. Todas muestran según los estudiosos buenos resultados y actuaciones exitosas en la mayoría de los diferentes componentes de la calidad democrática que señalamos al inicio. Por el contrario, las democracias de "baja calidad" se concentran en Centroamérica, particularmente en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y les va muy mal en casi todas las dimensiones ¿Influirá en una próxima medición la independencia demostrada por la Sala de lo Constitucional y por los recién juramentados miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública? Si el análisis se concentrara en la actuación de una sola parte, esto es, en la conducta de quienes dirigen esas instituciones, no cabe duda que mejoraría la calificación. Pero hay otras dimensiones y otros actores que también son evaluados. Nos referimos a los obligados a entregar la información pública y a los que deben acatar los fallos de las instancias judiciales respectivas.

Desde ese otro lado de la balanza continuaremos con bajas notas en materia de calidad democrática. Recordemos que ésta, entre otras dimensiones, utiliza para su medición la capacidad de respuesta de los gobernantes a las necesidades de la sociedad y es conocida también como "reciprocidad" o "responsividad". Este aspecto se refleja en la evaluación que se hace cuando se consulta a los ciudadanos sobre la credibilidad de las instituciones donde por cierto los partidos políticos ocupan el último lugar. Ello es así, porque tal y como lo señala la doctrina en Ciencia Política, existe una fuerte correlación y coherencia interna entre las diferentes dimensiones de la calidad de la democracia. No basta únicamente con respetar el Estado de derecho, también es necesario una efectiva rendición de cuentas, electoral e interinstitucional, y una eficiente respuesta del gobierno para que los habitantes califiquen positivamente a las instituciones y a quienes las integran.

Toda esta historia al final repercute en la calidad de vida. Quienes invierten toman en cuenta el funcionamiento de la democracia. Si esta no funciona o funciona a medias, el destino de esas empresas será otro y la oportunidad de nuevos empleos se esfumará, aumentará la pobreza y estaremos frente a una "democracia insatisfecha".

*Columnista de El Diario de Hoy. R