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Retraso en los presupuestos y en la elección de funcionarios…

El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha reclamado, de nuevo, la demora en la aprobación del presupuesto especial para la celebración de las elecciones legislativas y municipales de 2015. Lo mismo ocurrió en los recientes comicios presidenciales y en el proceso electoral celebrado en marzo de 2012. Si se retrasa el presupuesto se postergan las licitaciones de bienes y servicios necesarios para la organización del evento comicial; además se justifican las "contrataciones directas" que contaminan con falta de transparencia la compra de los insumos necesarios para la celebración de las elecciones. El voto residencial, la continuidad en el "voto por rostro" y la integración plural de los municipios, respalda cualquier incremento en el presupuesto del árbitro electoral.

Sin financiamiento no se pueden impulsar las diferentes campañas de educación cívica orientadas a motivar a los jóvenes para obtener su Documento Único de Identidad, a los ciudadanos que cambiaron su domicilio con el propósito que actualicen su dirección antes del plazo establecido, y a los que tienen su DUI vencido para que lo renueven con anticipación a la fecha indicada en el plan general de elecciones.

Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha denunciado la insuficiencia de recursos para hacer frente a sus obligaciones de pago. No cuentan con fondos para cancelar el alquiler de sus oficinas ni para promover la transparencia como lo ordena la ley. Según el presidente del IAIP el presupuesto aprobado para el 2014 fue menor que el otorgado para el año anterior.

La legislación que promueve el acceso de los ciudadanos a la información pública fue aprobada en 2011. A partir de su vigencia, este ordenamiento jurídico ha sido objeto de múltiples obstáculos para su implementación. Se ha intentado modificarlo para restarle atribuciones al Instituto; la integración de este último se retrasó por el rechazo del exmandatario de las ternas que le remitieron los diferentes sectores facultados para contar con un comisionado, y los recursos financieros para promover una cultura de transparencia en la sociedad civil han sido insuficientes.

Como si lo anterior fuera poco, algunas de las más importantes instituciones del Estado se encuentran acéfalas y, en el mejor de los casos, con una titularidad incompleta. Si bien los responsables de nombrar a los magistrados en la Corte de Cuentas de la República están desarrollando un proceso que teóricamente debería arrojar al mejor de los candidatos para presidir a esa entidad pública, lamentablemente se dejó correr el tiempo y la contraloría no cuenta a la fecha con el respectivo presidente.

La historia es similar en la Corte Suprema de Justicia. Los diputados se encuentran entrevistando a los candidatos habilitados legalmente para ocupar el cargo de titular del Órgano Judicial, quien a su vez presidirá la Sala de lo Constitucional. A partir de la sentencia que declaró inconstitucional el nombramiento del abogado Salomón Padilla, han transcurrido ya ocho meses de retraso en la designación del máximo representante de la justicia. Anteriormente ha sucedido lo mismo con el Fiscal General de la República y con otros funcionarios de designación legislativa.

Las situaciones señaladas en el Tribunal Supremo Electoral y en el Instituto de Acceso a la Información Pública, así como el incumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución de la República para la elección de los funcionarios de segundo grado, denota un pobre compromiso con la institucionalidad. Las conductas de los responsables, que ni otorgan los fondos necesarios ni eligen oportunamente a los funcionarios que manda la Ley Fundamental, arriesgan el derecho al sufragio, impiden un atinado control de los fondos públicos, restringen la transparencia de las actividades de los funcionarios públicos y podrían eventualmente obstaculizar la administración de justicia.

Ni el otorgamiento del presupuesto para las elecciones ni la designación de funcionarios constituyen hechos improvisados que podrían excusar su dilación. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Órgano Legislativo conocen de antemano los plazos perentorios para iniciar la organización de las elecciones y para que las instituciones cuenten con los responsables de aplicar las atribuciones que les confiere la ley. En ambos casos la falta de diligencia hace presumir que tras el aplazamiento de estas decisiones podrían encontrarse motivaciones políticas que impidan, por ejemplo, incentivar la asistencia de votantes a las urnas o la realización, con la anticipación necesaria, de la auditoría de los fondos públicos que administraron quienes pretenden correr por un cargo de elección popular y requieren del respectivo finiquito.

La calidad de la democracia se mide, en parte, por la existencia de un adecuado Estado de Derecho, que entre otras cosas, garantice a los ciudadanos un apto y apropiado ejercicio de sus prerrogativas a través de las instituciones correspondientes. Lamentablemente los antecedentes citados no se dirigen por ese rumbo.

*Columnista de El Diario de Hoy.