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Responsabilidades derivadas de las grabaciones de la FGR

La semana pasada fueron difundidas públicamente presuntas grabaciones de las entrevistas en las que fiscales cuestionan a exfuncionarios gubernamentales, en el contexto de una investigación penal, orientada a establecer la existencia de ilícitos cometidos durante el desarrollo de negociaciones entre el Gobierno central y los principales cabecillas de las pandillas que operan en el país. Estas revelaciones descargan una enorme responsabilidad sobre el Ministerio Público y ciudadanía en general.

Según las grabaciones, el exministro de Justicia, David Munguía Payés, ordenó pagos ilegales para "los mediadores" y familiares de cabecillas pandilleros, la concesión de beneficios al interior de los centros penitenciarios que incluían el ingreso de mujeres que tenían relaciones sexuales con los jefes pandilleros, traslados ilegales de internos, ingreso de comida especial, uso de refrigeradoras y mesas de billar dentro de los presidios, y televisiones plasma con señal por cable en algunas penitenciarías Además, los entrevistados explican que tanto ellos como sus superiores estaban conscientes de que lo que estaban haciendo era incorrecto e ilegal, pero que se les ordenó sigilo y encubrimiento de los hechos. Incluso algunos revelaron que Munguía advirtió que tuvieran cuidado con sus declaraciones en la Fiscalía. Las grabaciones, en síntesis, dejan claro que "la tregua" es una fabricación mediática, diseñada para encubrir una negociación entre el Estado y las pandillas.

Dichas agrupaciones realizaron que necesitaban pactar con el partido de izquierda, para obtener estos y otros beneficios, desde hace varios años. Informes de inteligencia elaborados a principios del 2009 por el Centro Antipandillas Transnacional explican que las estructuras de mando pandilleras razonaron, en ese entonces, que la única alternativa para que sus agrupaciones criminales sobrevivieran era bajo otro "sistema de gobierno", ya que la persecución a la que estaban siendo sometidas por un esquema de derecha no les permitía "evolucionar" y que esto, tarde o temprano, lograría debilitarlas de forma irreversible. Bajo ese razonamiento, el mismo informe indica que para las elecciones del 2009 los pandilleros solicitaron a sus miembros votar por el FMLN y, al mismo tiempo, giraron instrucciones para que cada pandillero asegurara trece votos adicionales para el partido de izquierda.

La apuesta de las pandillas, explicada en los informes antes mencionados, comprobó ser acertada. Durante los últimos cinco años, según registros policiales, la cantidad de pandilleros se duplicó y el número de clicas creció en 600%, aproximadamente. Las pandillas son ahora estructuras criminales mucho mejor organizadas y más sofisticadas. El poder e influencia territorial logrado a través de sus negociaciones con el Gobierno, no tiene precedentes. Al mismo tiempo, el aparato de seguridad pública se ha deteriorado de manera exponencial, alcanzando su punto más decadente. La infiltración de los grupos criminales al interior de la corporación policial es mucho más profunda y el involucramiento de policías en la comisión de delitos es ahora algo más común.

Aunque el Gobierno logró fabricar una disminución ilusoria y artificial en las estadísticas criminales, reduciendo el número homicidios registrados mediante un cambio en la forma de operar de las pandillas (que empezaron a enterrar a sus víctimas en tumbas clandestinas para no inflar las estadísticas), la administración actual entregará un país más inseguro, invadido por estructuras criminales más peligrosas y con un aparato de seguridad desnutrido y enfermo.

La Fiscalía, a la luz de las revelaciones de las grabaciones, tiene una gran responsabilidad en sus hombros, ya que, a través de la individualización y castigo de los implicados, puede hacer que jamás se vuelva a cruzar por las mentes de los malos políticos el negociar con estructuras criminales y evitar así que sobrepongan los intereses de unos pocos a los de las mayorías. Sin embargo, la actual coyuntura política también provee a la ciudadanía la oportunidad de debitar a los grupos criminales sin peligro de represalias, mediante el castigo de quienes se prestaron para ser sus principales aliados.

*Criminólogo

@cponce_sv