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Regulaciones innecesarias a la libertad de expresión

Ahora que la ciudadanía busca ejercer un rol más relevante en la toma de decisiones que inciden en la sociedad, los legisladores deben mantenerse al margen de una regulación perjudicial a la libertad de expresión

Para ser delincuente en El Salvador ya no es necesario encajar en el perfil de pandillero, ladrón o corrupto. De aprobarse, el catálogo de bandidos se ampliará a personas que tengan un teléfono o computadora con acceso a internet y con un perfil en las redes sociales, pues con la pretendida ley contra delitos informáticos cualquier persona que publique una expresión por la que alguien se considere ofendido, o simplemente comparta públicamente el contenido de una idea que no sea propia y que se considere que ofende, estará cometiendo un delito conforme al artículo 24 de dicha ley.

Es cierto que muchas personas sin escrúpulos  utilizan las redes sociales y las tecnologías de la información para difundir información que pudiera dañar la dignidad y buen honor de alguien más. Sin embargo, sobre la libertad de expresión (o a cualquier otra libertad) debe existir una abstención de parte del Estado (y esto incluye al legislativo) intervenir en la conducta de sus ciudadanos y, en el caso de que sea necesaria la regulación, los actos considerados delitos deben ser lo más específicos y claros posible.
 
La amplitud de los conceptos establecidos en el artículo antes mencionado da lugar a interpretaciones que podrían limitar el derecho a la libertad de expresión e  información de los usuarios de estas plataformas. Las acciones que se pretende sean delito, tales como causar perjuicio, dañar la dignidad, el honor o la intimidad de una persona, así como puede ser una acción sumamente grave y evidente, también puede derivar de percepciones subjetivas y propias de la sensibilidad de cada quien. Por otra parte, las conductas que se pretenden penalizar ya se encuentran tipificadas en el Código Penal y más valdría que el sistema judicial capacite a sus jueces en la recepción de prueba que incluya tecnologías de la información como medios para delinquir. 

No cabe duda que las redes sociales, hoy por hoy, juegan un papel trascendental en la difusión de información y de pensamientos.  La opinión y crítica ciudadana pueden llegar a trascender al monólogo que supone publicar una idea, y convertirse en la chispa que inicie un intenso debate desde distintos lugares del país y el mundo. Además, la participación e interacción de funcionarios en las redes vuelve más fácil que ellos se enteren de la disconformidad ante sus acciones u omisiones. 

Aquí es donde adquiere una relevancia particular el artículo 24 de la ley, pues los ciudadanos y funcionarios se encuentran propensos a recibir fuertes críticas que sean consideradas perjuicios o daño al honor. En el caso de los ciudadanos, como lo mencioné antes, la protección ya se encuentra establecida en el Código Penal; y, cuando se trata de funcionarios, la  protección a estos respecto del derecho al honor tiene un carácter más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Las autoridades públicas están sometidas de forma permanente al escrutinio público y a las críticas provenientes de los diferentes sectores de la población en torno a sus decisiones y a la manera en que ejercen sus funciones y administran los bienes del Estado.
 
Pareciera, nuevamente, que la Asamblea Legislativa no tiene prioridades claras al momento de legislar; considera mucho más grave que alguien “tuitee” o “postee” algo en una red social, a regular, por ejemplo, la tasa de rentabilidad que reciben los certificados de inversión provisional en que se invierten los fondos de pensiones. O es mucho más relevante encontrar a la peligrosa persona que “retuitee” (comparta el pensamiento de alguien más) una idea por la que alguien se sienta ofendido, a regular el financiamiento de partidos políticos. La presente legislatura está cerca de cumplir un año de gestión y los resultados en el trabajo han sido escasos. Hay muchas leyes importantes pendientes y otras que tienen muchos años en espera que siguen sin salir del congelador; sin embargo, la Asamblea lleva 6 meses discutiendo una ley que podría utilizarse para silenciar opiniones incómodas. Ahora que la ciudadanía busca ejercer un rol más relevante en la toma de decisiones que inciden en la sociedad, los legisladores deben mantenerse al margen de una regulación perjudicial a la libertad de expresión y mejor prestarle más atención a temas que de verdad necesitan ser legislados.

 

*Columnista de El Diario de Hoy.