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Reformas a la Ley de Competencia: Algo falta

Un estrecho vínculo entre la superintendencia y Casa Presidencial puede afectar la independencia de la institución cuando esta tiene que revisar si hubo competencia en las contrataciones públicas

En 2013 se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley de Competencia. El proyecto se estancó en la Comisión de Economía por mas de dos años. Hasta hace unas semanas la comisión incorporó en su agenda la discusión del proyecto.

La competencia es el motor que mueve al mercado. Y el mercado somos todos. Todos consumimos o proveemos algún bien o servicio. De manera que la política de competencia debería ser una prioridad para el Estado y para nosotros, los ciudadanos.

Pero la política de competencia no destaca en la agenda de los políticos ni en la nuestra. De manera que es una buena noticia que el tema vuelve a discutirse. Y en esa discusión los ciudadanos deberíamos participar.

Es probable que la realidad haga insuficiente realizar más ajustes a la Ley de Competencia. Y que, en su lugar, sea ya momento de sustituirla por una nueva ley. La sustitución íntegra de la Ley de Protección al Consumidor en 2004 supuso un importante salto de calidad en esa materia.

Pero eso no inhibe el hecho que las reformas propuestas son un buen esfuerzo para fortalecer la defensa de la competencia. Muchos puntos que se plantean en ella son buenos, y otros podrían mejorarse. Pero aquí me refiero a un aspecto que es fundamental y cuyo abordaje se ha omitido en el proyecto que hoy se discute en la Comisión de Economía: El fortalecimiento de la independencia de la Superintendencia de Competencia.

Las autoridades de competencia supervisan a los agentes económicos para que compitan y dejen competir. Pero también supervisan al gobierno; esto a fin de evitar regulaciones que creen barreras a la competencia o ventajas indebidas, y para que los procedimientos de contratación pública se realicen de manera abierta y competitiva.

Por ello las autoridades de competencia deben mantener una independencia dual: Frente a los agentes económicos, y frente al mismo gobierno.

En un evento organizado por la Superintendencia de Competencia hace unas semanas, don Alejandro Faya —funcionario de la Comisión Federal de Competencia Económica de México— expuso el cambio en la política de competencia que se echó a andar desde hace unos años en ese país. Destacó como uno de los principales aportes de la reforma el fortalecimiento de la independencia de la autoridad de competencia. Esto pasó por un cambio en las reglas para elegir a los titulares de la autoridad.

En México era el presidente quien elegía a los titulares de la autoridad de competencia. La reforma modificó eso, y creó un mecanismo para fortalecer la independencia de la autoridad. Para elegir a los titulares ahora debe realizarse  una convocatoria pública, los aspirantes pasan por un examen de conocimientos, luego el Senado elige unas ternas, y, después de todos esos filtros, el presidente elige a los comisionados.

En El Salvador el superintendente y los miembros del consejo directivo de la superintendencia son elegidos por el presidente. No hay procedimiento alguno para su elección, y existe un amplio grado de discrecionalidad para nombrarlos. De igual manera, es el presidente quien puede remover al superintendente y a los directores de la institución.

Un estrecho vínculo entre la superintendencia y Casa Presidencial puede afectar la independencia de la institución cuando esta tiene que revisar si hubo competencia en las contrataciones públicas, o si se están generando ventajas a grupos empresariales con vínculos políticos.

Por eso, hoy que la Comisión de Economía revisa la Ley de Competencia, sería oportuno que también se evalúe la forma de elección de los titulares de la Superintendencia. Ese punto es fundamental y se ha omitido en el proyecto de reforma.

* Colaborador de El Diario de Hoy. 
dolmedo@espinolaw.com