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"Lo que les dé la gana"

La Ley de Acceso a la Información Pública tiene una larga historia plagada de contradicciones, falsas promesas y audaces declaraciones. Su finalidad de fomentar la transparencia, promover la eficiencia de las instituciones públicas y combatir la corrupción, trajo esperanza a una población harta de los abusos de políticos corruptos.

En 1997, después de la Octava Conferencia Anticorrupción celebrada en Lima, la Asamblea Legislativa ratificó la convención, pero no aprobó la LAIP hasta 2011, catorce años después, por fuerte presión externa de la sociedad civil, gremiales e instituciones de toda tendencia y presiones del primer FOMILENIO. Hoy resulta que para dar esa información, hay que preguntar a los funcionarios si quieren darla.

Constituyó promesa de campaña del FMLN para las elecciones del 2009, de un gobierno transparente, con ejemplares funcionarios nombrados por meritocracia, confirmada por el presidente Funes y don Sigfrido Otón, en sus emotivos discursos de toma de posesión. Pero sólo era "del diente al labio" porque no convenía a sus planes de beneficiar a sus cuadros.

Hicieron todo lo posible para que no funcionara, retrasando el presidente Funes, por más de un año el nombramiento de los comisionados, y no asignando presupuesto al Instituto hizo la ley totalmente inoperante. Hoy, los ciudadanos entendemos las razones para amordazar una ley calificada de excelente, que nos daba el derecho a conocer en qué malgastaban los funcionarios los recursos de nuestros impuestos.

Indignados los contribuyentes por las sumas millonarias despilfarradas por el presidente y su esposa en viajes y comilonas en CAPRES; excursiones turísticas de los diputados, que no reportan ningún bien al país, plenarias en la playa, suntuosas recepciones, regalos, obras de arte, cuyo destino se desconoce, exigimos que se acabara la fiesta, y pedir cuenta de tanto despilfarro. La increíble respuesta de que "es información confidencial y restringida" fue la confirmación del mal uso que se está haciendo de nuestros impuestos, para beneficio personal de quienes se están componiendo, mientras el pueblo trabajador vive una obligada y ejemplar austeridad, y los diputados siguen endeudando al país, con la excusa de aumentar los programas sociales.

La rotunda negativa de los partidos políticos de publicar la lista de sus asesores y de los increíbles sueldos que devengan, evidencia la corrupción. Roberto Lorenzana dice que el FMLN ha solicitado a sus asesores autorización para publicar sus nombres y salarios. Parece considerar que la LAIP debe cumplirse, sólo si les da la gana a los servidores del Estado. Lo confirma la rebeldía desobediente de Sigfrido Reyes a comparecer ante los comisionados del IAIP, ni enviar un representante, en un prepotente desprecio a la autoridad.

Es comprensible que les dé vergüenza publicar la lista de sus innumerables e inútiles asesores, y de los inmerecidos sueldos que devengan, información que debía acompañarse del curriculum vitae de cada uno de ellos, que no debe ser muy meritorio, si tomamos en cuenta las respuestas vergonzosas que algunos diputados dieron el Día de la Independencia, ante las preguntas de los periodistas sobre sus conocimientos de historia Patria, que puso en evidencia su ignorancia supina.

Responder que nuestro Himno Nacional es especial porque no pasa de moda y desconocer las principales fechas de nuestra gesta independentista, causaron serias críticas hasta de niños de primaria. ¿Cuáles son las sanciones por desobedecer a la ley, y hacer mal uso de los recursos del Estado? Esperemos que el fiscal que está tan activo combatiendo la corrupción, proceda con los funcionarios rebeldes y corruptos que se niegan a cumplir con la LAIP.

*Columnista de El Diario de Hoy.