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Lo que funciona y lo que no

El 23 de enero recién pasado, el gobierno de Venezuela lanzó la ley orgánica de precios justos, con el afán de "lograr un equilibrio" y asegurar precios competitivos a sus ciudadanos. En síntesis, esta ley promueve este objetivo, estableciendo un límite del 30% al margen de ganancia de las empresas operando en el país. Al igual que la mayoría de los precipitados esquemas propuestos por ese gobierno en el pasado, esta iniciativa está condenada a fracasar. La razón principal es que el mercado funciona a través de un balance entre oferta y demanda, y este tipo de restricciones, generalmente, sólo profundizan una crisis.

Lo que probablemente ocurrirá, más que precios justos es, entre otras cosas, el cierre de muchas empresas con el correspondiente incremento del desempleo. Diferente fuese tomar la medida contraria: fomentar que las compañías logren la máxima rentabilidad, atraer así nuevas empresas, provocar mayor competencia y, a través de esto, lograr precios más competitivos (y como beneficio adicional, más empleo y mayor recaudación fiscal).

No es secreto que en nuestro país atravesamos momentos difíciles. El crecimiento económico ha sido casi nulo, el gasto público se ha disparado, el déficit fiscal aumenta y la deuda es cada día mayor. Todo esto nos ha llevado a un problema de liquidez, afectando la sostenibilidad y capacidad gubernamental para inversión en programas sociales, infraestructura, pago a proveedores, para mencionar sólo algunos. Para resolver esta situación, hay muchas iniciativas que debemos tomar. Entre ellas está promover el crecimiento económico y así obtener mayor recaudación y empleo. Esto se logra, en parte, enfocándonos en la competitividad de nuestro país; diferenciándonos en relación a otras naciones con reformas y leyes concebidas con ese fin.

Además de fomentar el crecimiento económico, se requiere reducir el gasto público. Ambas medidas servirán para solventar de manera sostenible el problema fiscal y ayudarán para lograr la liquidez que buscamos.

Veo con preocupación la medicina que quiere administrar el gobierno para remediar las dificultades por las que estamos atravesando. Incrementar la deuda y los impuestos en estos momentos, produce la sensación de un falso y temporal alivio. Además, crea un contraproducente desincentivo para hacer lo correcto: estimular la economía y reducir el gasto. En otras palabras, le quita al gobierno presión para actuar de inmediato a fin de corregir los problemas estructurales que tiene el país y promueve aún más, la falta de sostenibilidad de nuestra situación financiera.

No hay nada implícitamente malo en adquirir nueva deuda o en subir los impuestos. Lo malo está en implementarlo en momentos de estancamiento económico y excesivo gasto público. El problema de nulo crecimiento económico se agudiza con más impuestos. El problema del elevado gasto público se empeora con más deuda (gasto financiero).

No hay fórmulas mágicas. La historia demuestra lo que funciona y lo que no. Como en el caso de Venezuela, no nos dejemos llevar por modas fáciles o soluciones tipo "parche" que no resuelven, sino agravan nuestra preocupante situación. Requerimos de un gobierno que tome las medidas correctas para resolver de manera sostenible los retos financieros que atraviesa nuestro país, y necesitamos empezar con esto desde ya.

*Empresario. Twitter: @fernandopoma