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Lo público y lo privado

Los regímenes totalitarios consideran que lo que el Estado administra es para beneficio del pueblo, mientras lo que está en manos privadas, enriquece a unos pocos. Así han logrado satanizar la palabra privatización, argumentando que lo que es patrimonio del pueblo, la soberanía, no se entrega.

Por eso aquí las protestas contra las privatizaciones, cerrando calles, están a la orden del día. Porque se han olvidado los pocos ejemplos, siempre exitosos, de privatizaciones que hubo el país, como el caso de ANTEL, que mientras fue estatal, nunca pudo satisfacer la demanda de teléfonos, en una población mucho menor que la actual. Había que esperar hasta tres años, desde que se presentaba la solicitud, y para agilizar el proceso, pagar por postes y cableado, más unos 3,000 colones de mordida. La venta de ANTEL fue de gran beneficio para la toda población, con los adelantos de la telefonía celular, aunque la campaña contra dicha privatización fue enorme.

¿Se imaginan lo que sería ANDA en manos privadas? Actualmente, hay grandes zonas de la ciudad que reciben un servicio deficiente y durante pocas horas, aunque las facturas lleguen altas y puntuales. Mientras contemplamos fuertes derrames de agua que permanecen en la calles, y aunque se reporte a la autónoma, pueden pasar varios días sin repararlos, aunque ese desperdicio podría cubrir las necesidades de tantas comunidades que padecen de sed. Si ANDA fuera una empresa privada, el cliente sería atendido con esmero; también se habría cambiado el obsoleto sistema de tuberías, se aprovecharía la abundancia de agua lluvia, para recogerla en grandes depósitos y surtir a la población. Y los empleados que no cumplieran con su deber, serían despedidos de inmediato.

La razón por la que el Puerto La Unión continúa desierto, es porque los diputados rojos se negaron a aprobar la ley para concesionarlo, argumentando que el Estado debía tener la participación mayoritaria, aunque careciera de la capacidad económica para equipar y hacer funcionar una obra de tal envergadura. De haberse concesionado, en aquel momento la zona oriental habría tenido un desarrollo económico impresionante.

El caso ENEL/CEL es especialmente preocupante, según explica el Dr. Bertrand Galindo en artículo reciente. Si el país no cumple el laudo internacional, será condenado a pagar una indemnización. El laudo fijó el valor de $13 por acción, pero el presidente Funes subió el valor a $43 (300% más) y el fiscal lo valuó en un 1,000% más. Lo serio es que cuando el tribunal fije la indemnización, esta se calcularía en base al valor que el gobierno de El Salvador dé a las acciones. Para terminar de complicar el asunto, EDH publicó hace pocos días que el valúo presentado por la Fiscalía, se basó en un informe realizado por una empresa propiedad del Ministro de Agricultura. ¿Conflicto de intereses?¿Clientelismo?

En la Asamblea, hay leyes que debieron aprobarse hace años, otras han recibido hasta 10 prórrogas, como la del seguro obligatorio para el transporte público, mientras apresuradamente se han aprobado otras como la LEPINA, LAIP y la de proyectos sociales, sin los recursos suficientes para su ejecución. En el sector privado no existen proyectos engavetados ni obsoletos, porque los ejecutivos no hayan podido ejecutarlos.

Mientras en la mayoría de países del primer mundo, el Estado está entregando en manos privadas aquellos servicios que pueden ser mejor administrados para beneficio del pueblo, aquí los diputados del Frente siguen exigiendo que los proyectos de asocio público privados pasen dos veces por la Asamblea para ser aprobados cuando las comisiones tengan tiempo y ganas de reunirse para trabajar. Panorama poco alentador.

*Columnista de El Diario de Hoy.