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Preguntas y respuestas sobre lo público y lo privado del funcionario

La respuesta de los políticos ante la publicación de los estados financieros dados por Probidad es la cárcel; este no es el camino, el punto es que no haya ningún funcionario que se aproveche del cargo para enriquecerse

Las preguntas que se formulan en todos lados son varias, entre otras: ¿los medios de comunicación pueden y deben hacer público los informes de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre los estados financieros de los funcionarios públicos cuando asumieron el cargo y cuando lo dejaron?

Estos informes publicados principalmente por la prensa escrita en los últimos meses son los más leídos y comentados por la población salvadoreña; de nuevo surge otra interrogante, ¿por qué interesan al público estas noticias?

Todavía más, ¿son negativas estas publicaciones y atentan contra la dignidad, el honor y el buen nombre de los funcionarios públicos? Vamos por partes.

En democracias más maduras, europeas o norteamericanas, tienen un trabajo recorrido en el tema de transparencia e información, incluso hay regulaciones muy específicas, por ejemplo, de cómo deben hacer negocios las empresas, locales o multinacionales, con los estados, dejando claro, muy claro, las posibles penalidades de conocerse o mucho más grave de comprobarse que hubo “mordidas”, sean estas explícitamente o implícitamente, como las “donaciones” a proyectos de beneficio social.

El país ha dado pasos firmes en el tema de la información y la transparencia; sin duda alguna se debe a la cada vez mayor fuerza que tienen los diversos sectores de la sociedad que exigen, con más apremio, información y transparencia; a esto se suman las tendencias mundiales y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar que las autoridades de los dos últimos gobiernos efemelenistas no han tenido otra opción que sumarse y montarse en esta ola.

La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, después de estar hibernando por muchos años, probablemente por las decisiones equivocadas de gobiernos del pasado, ha sido revivida con nuevos brillos. Fueron ellos los que hicieron pública la información, los medios de comunicación lo único que hicieron fue difundirla y darle contexto. Fueron los funcionarios de Probidad los que revelaron que un diputado de Chalatenango parecía haberse enriquecido de manera inexplicable por lo que se inició un proceso judicial al respecto, en una Cámara. La fiscalía tendrá que ser parte en el caso y la Asamblea deberá decidir sí se le retira el fuero al legislador.

Amén de esto, también se han publicado los estados financieros de tres expresidentes de la República, un expresidente de la Asamblea Legislativa y varios diputados que muestran que sus ingresos han crecido durante su gestión pública. A ninguno de estos últimos se le ha acusado de ningún delito, mucho menos se han publicado datos sin ninguna base oficial y legal.

Sin embargo, tal como lo ha dicho una diputada efemelenista, este tipo de publicaciones no hace acusaciones pero deja “entrever” que hay ilegalidades e incluso delitos, cosa que no se ha se probado pero que genera “en la mente de la población” la sensación de que hubo enriquecimiento ilegal.

Otro punto: ¿deben publicarse estos informes oficiales? En principio todo funcionario público, debe estar abierto a que su conducta y negocios se ventilen a los cuatro vientos, sobre todo cuando tienen que ver con las decisiones que afectan a todo un país, no se diga cuando usen fondos de los contribuyentes o utilicen su influencia para alcanzar objetivos personales.
 
El antídoto de la corrupción, lo dicen propios y extraños, tiene que ver con la información y el manejo transparente de la cosa pública; la honradez y probidad de un ministro se mide, no por la palabra dicha sino por los hechos, lo mismo, con la eficiencia y efectividad de su gestión, no se mide por los discursos y rendición de cuentas, sino con las obras hechas.

En tal sentido —y esta es una de las funciones propias de la prensa libre en la sociedad democrática—, es preciso ser “vigilante” permanente de la gestión pública, del actuar de los funcionarios que deben responder no a sus intereses particulares sino al bien común.

Creo firmemente que no es pecado, no es ninguna campaña contra los políticos o contra los partidos, no es mala intención hacer públicos los informes de Probidad sobre las cuentas de los funcionarios. Esto fortalece la democracia y muestra, desde otro punto de vista, cuáles son los buenos funcionarios, los que viven de su trabajo y que no se aprovechan de las arcas del Estado. 
 

* Editor Jefe de El Diario de Hoy.
ricardo.chacon@eldiariodehoy.com