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¿Por qué volver a apostarle a la agricultura en El Salvador?

Hasta fines de los años setenta, El Salvador era considerado un país predominantemente agrícola, debido a que el sector agropecuario (sin incluir la agroindustria) aportaba cerca del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), generaba alrededor de dos tercios del total de divisas obtenidas mediante exportaciones, era responsable de más del 25 por ciento de los ingresos tributarios y proporcionaba empleo a más del 50 por ciento de la población. Su importancia, sin embargo, comenzó a decrecer aceleradamente desde la década de los ochenta, como consecuencia cuatros factores: 1) El clima de polarización e incertidumbre que se generó luego del estallido del conflicto armado y de las reformas estructurales que para entonces se implementaron (reforma agraria, estatización de la banca y nacionalización del comercio exterior del café y el azúcar). 2) La fuerte pérdida de capital humano ocasionada por la migración masiva interna e internacional de jóvenes rurales. 3) La mayor vulnerabilidad a los daños ocasionados por fenómenos naturales asociados al cambio climático. Y 4) el predominio de un sesgo anti-agrícola y anti-rural de las políticas económicas que se han impulsado durante los últimos 25 años.

Pese a ello, el sector agropecuario continúa siendo muy importante. Prueba de ello, es que aunque su contribución al PIB hoy es menos de 13%, si se agrega la agroindustria, sube a más de 20%. Además, sus diferentes rubros se caracterizan por presentar elevados efectos multiplicadores, de tal manera que al incentivar su expansión también se puede dinamizar el resto de la economía. Por otra parte, de su gestión depende de manera crítica la situación ambiental del país, principalmente en aspectos tales como la regulación del ciclo hidrológico, la absorción de carbono y la conservación de la biodiversidad. A ello habría que agregar que, en medio de sus dificultades, el sector agropecuario todavía genera cerca del 20% de los empleos totales y alrededor del 40% de los empleos rurales.

Para los países que cuentan con un sector agropecuario con estas características las razones para contar con una política agrícola fuerte son de dos tipos: razones intrínsecas al sector y razones socioeconómicas.

Las razones intrínsecas al sector se refieren a que la agricultura, a diferencia de otros sectores de la economía, es influenciada fuertemente por variables climáticas, ecológicas y biológicas. Esto provoca rigideces en cuanto a ciclos y períodos específicos de preparación, siembra y cultivo, así como una fuerte dependencia de la producción con respecto a la lluvia y otros factores incontrolables que hacen que la producción sea muy inestable y no pueda reaccionar con prontitud ante las señales de los mercados. A eso se debe que en las agriculturas más prósperas del mundo los gobiernos suelen hacer uso de políticas tendientes a contrarrestar los riesgos derivados de la inestabilidad tanto de la producción nacional, como de los precios internacionales. Medidas tales como programas de seguro agrícola, aranceles cuota de importación y el establecimiento de reservas de abastecimiento son algunas de las más frecuentemente justificadas por este tipo de razones.

Las razones socioeconómicas, por su parte, se refieren a que existe evidencia que demuestra que los mercados internacionales de productos agropecuarios en su mayoría, además de no ser libres, son extremadamente inestables, por lo que si un país no toma las medidas precautorias correspondientes, puede ser afectado por situaciones temporales de abundancia o de escasez de alimentos que pueden llevar a la ruina a sus productores o afectar severamente a los consumidores. Algunos ejemplos de medidas de política agrícola justificadas por este tipo de razones son: las bandas de precios, los derechos antidumping, los derechos compensatorios y los programas de apoyo al desarrollo de cadenas productivas.

Casi todos los países han utilizado y utilizan medidas de política agrícola justificadas por este tipo de razones en mayor o menor grado. En algunos casos, sin embargo, hasta se ha abusado de ellas (especialmente de parte de algunos países desarrollados), por lo que por primera vez en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales internacionales que dio origen a la OMC se incluyeron compromisos orientados a su disminución y racionalización. El efecto neto que se esperaba de ello, era un incremento de los precios mundiales de los productos agropecuarios y el surgimiento de nuevas ventajas comparativas para países tropicales como el nuestro. Sin embargo, el proceso avanza lentamente y con muchas resistencias, de tal manera que en el escenario actual los países que más exportan productos agrícolas de consumo básico continúan siendo no necesariamente los más eficientes, sino los que tienen más poder económico para subsidiar a sus productores y a las exportaciones.

Una mala interpretación de esas señales llevó a países, como El Salvador, a debilitar su política agrícola, trayendo como consecuencia una dependencia alimentaria creciente, que de no ser contrarrestada tendrá costos socioeconómicos muy elevados. De ahí la necesidad de apostarle nuevamente a la agricultura.

* Economista jefe del PNUD.