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La política fiscal como instrumento para el desarrollo

Los gobiernos centroamericanos en general, excluyendo a Panamá, parecen haber olvidado que una sana y adecuada política fiscal es un instrumento invaluable para lograr el desarrollo económico y social de los países, así como para la consolidación de los procesos democráticos que vive la región.

La mayoría de países de América Latina han mejorado en los últimos años sus resultados fiscales, afirmación que se hace al analizar los resultados de los porcentajes de recaudación en relación al PIB de cada país. El déficit fiscal ha descendido significativamente (salvo en el caso de El Salvador, en el cual ha aumentado por haberse incrementado el gasto corriente debido a la política de privilegiar programas sociales de ayuda gratuita y subsidios), pero los resultados fiscales están todavía muy lejos de equipararse a las cifras de referencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una política fiscal inteligente (dirigida a promover la inversión y desarrollo), novedosa (que no se deje llevar por recetas ya probadas en otros países, las cuales no han dado buenos resultados) y bien administrada (persiguiendo y sancionando la corrupción, trabajando de la mano con la entidad que audita las finanzas públicas) puede constituir la base de un desarrollo sostenible y renovado entre los pueblos y gobiernos de Centroamérica.

Pero para lograr que tanto el sector empresarial como el sector productivo informal esté dispuesto a pagar impuestos (no mayores ni nuevos impuestos, sino los ya existentes), es fundamental lograr en El Salvador un pacto de nación que entre otras cosas incluya que el Gobierno esté comprometido y obligado a proporcionar bienes y servicios públicos mejores y eficientes, acordar disminuir el gasto público al menos en un 10% y contar con un decidido combate a la corrupción, todo lo cual contribuirá --no sólo al crecimiento económico de El Salvador-- sino también a la consolidación del proceso democrático que nació con la firma de los Acuerdos de Paz. Más significativo sería si un acuerdo como el antes descrito fuese propuesto y promulgado por una fuerza política como lo es el FMLN: sería una muestra innegable de evolución así como de su madurez política, tanto como de su compromiso con la democracia.

Mi opinión coincide con la de aquellos expertos que señalan que los impuestos suponen un freno al crecimiento económico, siendo necesario mantenerlos a un nivel mínimo; lo cual puede servir no sólo para atraer la inversión extranjera, sino para la estabilización de precios y el combate al desempleo, lo cual ha sido probado como una fórmula que llevó al éxito a países que en algún momento pasaron severas crisis económicas y sociales, como lo fue el Japón recién terminada la Segunda Guerra Mundial.

Un gasto público moderado y bien focalizado, tomando en cuenta lo limitado de los recursos, debería proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad dentro de un espectro de servicios reducido pero a la vez enfocado a aspectos sensibles a la población como es el caso de la salud, educación y seguridad. Debiendo ser la empresa privada la que prestara la mayoría de los servicios que la población requiere, limitándose el Estado a prestar ciertos servicios estratégicos o vitales para la población como los arriba expresados.

Lo mismo ocurre con los ingresos públicos: si los sistemas de recaudación de impuestos estuvieran enfocados a impulsar la producción, el comercio y la industrialización de El Salvador, éste gozaría de una base de contribución tributaria amplia y se adaptaría mejor a la economía del país, por lo que el Estado podría recaudar de manera eficiente y sostenible los fondos necesarios para proporcionar esos bienes y servicios básicos.

La generación de ingresos públicos es limitada principalmente por la falta de voluntad política relativa al combate a la corrupción, a la natural ineficiencia del Estado benefactor y a la evidente falta de voluntad política para aumentar la base contributiva. Así las cosas, es natural concluir que mientras se encuentre enquistada esa tendencia en el gobierno salvadoreño, no se estará aprovechando al máximo el potencial de la política fiscal para fomentar el crecimiento, reducir la pobreza y la desigualdad y proporcionar bienes y servicios públicos de buena calidad.

El Salvador tiene ahora un nuevo Gobierno, todos los salvadoreños --más allá de nuestro color político-- estamos expectantes respecto al rumbo que tomará el país de manos de los recién electos gobernantes. Espero que independientemente a su discurso público, se logre comprender que acabamos de salir de un desastroso quinquenio para las finanzas públicas y que de continuar con el rumbo que llevamos, pronto no sólo los estudiantes de escuelas públicas, sino que todos los salvadoreños, les estaremos pidiendo a la puerta de Casa Presidencial, nuestro vaso de leche.

*Colaborador de El Diario de Hoy.