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La política del "atarrayazo"

Las autoridades en materia de justicia y seguridad argumentan que la medida servirá para financiar el plan “El Salvador Seguro”

Ante los clamores ciudadanos por la probada incapacidad gubernamental para hacerle frente a la ola de criminalidad, el gobierno ha decidido dar la cara y salir al paso con una original propuesta: ¡una contribución especial! (que suena como impuesto, funcionará como impuesto, no es voluntaria, ni especial, pero no le diga esto al paladín de los eufemismos absurdos, Carlos Cáceres).

Sarcasmos aparte, el mensaje que el gobierno envía a la ciudadanía al proponer este impuesto es que el problema para combatir la inseguridad radica en la falta de recursos. Lo anterior es una cínica extorsión que poco tiene que envidiarle a la renta que cobran las pandillas: es explotar el pánico que se ha apoderado de la población, usándolo como oportunidad para financiar más despilfarros.

Las autoridades en materia de justicia y seguridad – que por cierto no tienen el mejor historial en lo que a ejecutar presupuestos se refiere – argumentan que la medida servirá para financiar el plan “El Salvador Seguro”.

El plan, por si no lo han visto, es un compendio de acciones de todo tipo. El equivalente en política pública, a tirar la atarraya y con el mejor de los optimismos, esperar cachar algo, ¡cualquier cosa! El plan tiene más de un centenar de acciones de todo tipo, incluyendo un “Día de movilización ciudadana pacífica y a nivel nacional para manifestar contra la violencia y  la inseguridad ciudadana” que tiene como meta la movilización de medio millón de personas y cuyo precio estiman en $500,000 (¿un dólar por persona? ¿qué exactamente incluye esta “inversión”?). En qué porcentaje una marcha organizada por el gobierno reducirá la criminalidad es un dato que el plan no incluye. Si se incluyen en el plan ambiciosas acciones con verbos como “reformar” una serie de leyes. En qué sentido, no dice.

Si bien es cierto que la construcción de la paz no solo debería depender del gobierno y de sus políticas públicas, y que la ciudadanía debe jugar un rol importante en la reconstrucción del tejido social que la violencia ha mancillado tanto, un impuesto para financiar ambigüedades no es la respuesta. Viéndola con sano escepticismo, es a lo mucho, una jugada política para acusar a quienes se opongan a seguir estrangulando la economía de la clase trabajadora de oponerse a combatir la crisis de inseguridad.
 
El financiamiento para planes concretos en materia de seguridad existe. Tanto organismos multilaterales como gobiernos solidarios han expresado interés en echarle una mano a El Salvador, reconociendo que poco puede hacerse en materia de desarrollo mientras un aspecto tan primordial como la seguridad de la ciudadanía no sea enfrentado. De la misma manera, si se piensa imponer una carga a la ciudadanía, se debería dedicar únicamente a acciones concretas (algunas , sí las menciona el plan: como modernizar Medicina Legal). Pero no para atarrayazos. 
 


*Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg