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La policía comunitaria y el control social

Los medios de comunicación informan que desde el 2010 los pandilleros han asesinado a 305 estudiantes de las escuelas públicas del país. Trascendió también la sangrienta tragedia de un joven atleta que habría destacado en las Olimpiadas Especiales desde 2011. Los titulares de la PNC indicaron recientemente que los homicidios han aumentado en un sesenta por ciento en relación al 2013. Este mismo periódico reportó que desde enero hasta julio de 2014, han sido asesinadas 2098 personas, unas 863 más que en el mismo período del año anterior. La racha de homicidios no termina, al contrario se agudiza en medio de una estrategia de seguridad gubernamental cuyo eje central aparentemente será la creación de la "policía comunitaria".

En su discurso de toma de posesión el presidente de la República informó que se pondría al frente del "sistema nacional de seguridad". Hasta ahora no se conoce cuáles de las instituciones públicas integran dicho sistema y quiénes, dentro del gabinete de seguridad, asumirán los roles más importantes. Tampoco se ha indicado si se revisará la legislación penal con el propósito de identificar vacíos que limitan las actividades de la policía, la fiscalía y los jueces.

Los asaltos ahora son a plena luz del día, también durante las noches, en fines de semana y en jornadas laborales, en cualquier zona del país o de la capital, sin importar que se trate de áreas exclusivas de San Salvador o de otros lugares con menos presencia policial. No hay tregua por parte del hampa y los ciudadanos viven en un ambiente de permanente zozobra. Con estos antecedentes puede afirmarse que el "monopolio legal de la violencia", de exclusiva competencia del Estado, ha sido plagiado por las pandillas y el crimen organizado. La mayoría de los estudios publicados por decenas de centros de pensamiento en los Estados Unidos y en Europa señalan que en el caso de El Salvador "se ha cedido el control del territorio a los delincuentes".

Recuperar el dominio de la seguridad en los pueblos, cantones y caseríos es una tarea urgente. De lo contrario el desarrollo del turismo, la atracción de inversión y el crecimiento económico continuarán en un frenético declive. La falta de un planteamiento efectivo y programático por las actuales autoridades despierta la ansiedad de los partidos políticos, cuyos representantes en la Asamblea Legislativa terminan sugiriendo cualquier acción con tal que no se les critique por su indiferencia ante el sufrimiento diario de los salvadoreños. De esta manera se han escuchado propuestas que van desde la declaratoria de "estados de sitio" en los municipios más violentos, hasta el juzgamiento de los menores de edad como adultos en base al tipo de delito que hayan cometido.

Para los familiares de las víctimas y para aquellas personas que todos los días transitan por demarcaciones dominadas por las maras ninguna idea será descabellada. Existe el riesgo que la desesperación sobrepase los límites de la legalidad y del Estado de Derecho y los ciudadanos exijan cualquier tipo de represalia, legal o ilegal, por parte de las autoridades o de grupos clandestinos con tal de llevar tranquilidad a su zona de residencia. El estudio de opinión pública de la Universidad de Vanderbilt, conocido como LAPOP, señaló en este sentido, que el apoyo al Estado de Derecho ha disminuido paulatinamente de un 65.3% de la población en 2004 a un 47.4% en 2010, presentando un leve aumento en 2012 con un 59.7% de los habitantes. El cuarenta por ciento restante de los ciudadanos aceptarían que las autoridades actúen al margen de la ley si con ello se disminuyen los índices de inseguridad.

El Director General de la PNC informó que desplegarán a la "policía comunitaria" en los quince municipios más violentos. Es muy probable que los residentes en estas zonas desconozcan la mística que teóricamente distingue a esta nueva modalidad de autoridad. El "manual de formación de la policía comunitaria de El Salvador", publicado en 2010, califica a este tipo de policía como aquella que cuenta con estructura descentralizada, en donde la comunidad se vuelve "coproductora de la seguridad" y en la que la planificación de los servicios policiales se realiza sobre la base de las necesidades y demandas de la población. Asimismo la policía rinde cuentas a los residentes y, además de prevenir el delito, trabaja también en la prevención social de la violencia.

Si la policía comunitaria será uno de los pilares de la seguridad ciudadana es muy importante que los responsables expliquen en qué consiste y además aclaren que el aumento del "control social" que la policía, por la cercanía con la comunidad, ejerce sobre los ciudadanos, se hará con apego a las disposiciones legales vigentes, sin matices políticos ni coartando las libertades individuales.

*Columnista de El Diario de Hoy.