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El poder de conocer cómo se usan nuestros impuestos

La ciudadanía debe cobrar conciencia de que desde siempre la Constitución le da el derecho de acceso a la información y debe utilizar ese poder no solo para estar enterada, sino como herramienta de fiscalización de sus dineros

"Es cierto… La ley dice que la información de la institución será pública, pero no dice cuándo…”, fue la peor burla que yo escuché proferir hace unos años a un exfuncionario otrora todopoderoso para evadir su obligación de revelar documentos públicos a la población.

El mencionado señor manejó la entidad bajo su mando como si fuera su finca hasta que no pudo evitar que lo sacaran.

Así como él podíamos encontrar a sus pares en otras entidades interpretando a su antojo la ley para cubrir informes cruciales, o a jueces y secretarios de tribunales que con toda impunidad negaban el acceso a juicios, pese a que la legislación establece que el proceso penal es público.

La semana anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sentó un precedente importante al determinar que la auditoría sobre el proyecto de la represa El Chaparral “es pública” y, por tanto, la Corte de Cuentas debe desclasificarla y entregarla a quien la solicite.

El IAIP le dio un plazo de cinco días hábiles a la Corte para que cumpla con lo ordenado, los cuales se vencen mañana lunes.

Es crucial saber qué sucedió en realidad con los fondos que se erogaron en el fallido proyecto y si fue legal el “arreglo directo” entre la CEL y la empresa constructora mediante el cual esta última recibió $108.5 millones pese a que los trabajos quedaron inconclusos.

Es importante que los salvadoreños se pongan a pensar que ese dinero lo pagaremos todos, por una obra que quedó abandonada y por la cual ahora quien disponer de $70 millones más para reactivarla. A esto hay que agregar que se derrocharon más de $8 millones en diseños que fueron descartados.

Pero más allá de esto, es clave que se nos permita el acceso a esa documentación para saber si fue correcto el proceder de quienes tomaron la decisión, no solo en ese caso, sino en todos los demás en los cuales se usan nuestros impuestos.

Fue muy reconfortante tener la experiencia de participar como parte apelante en una audiencia en el IAIP y quedar impresionado de cómo los comisionados que presidían permitían que los periodistas entraran y cubrieran de principio a fin el procedimiento, en un auténtico y ejemplar ejercicio de transparencia.

Los funcionarios actuales y quienes lo serán en un futuro deben saber que ahora no será fácil ocultar actuaciones o procedimientos, sino que es mejor trabajar de cara a la población que es la que paga sus salarios.

En adelante no deben pensar que son los patrones de la finca, sino que tendrán que dar cuentas tarde o temprano y es mejor que en todo momento estén dispuestos a trabajar con transparencia.

Si no, miren el espejo de Guatemala. Quienes no hacen un manejo correcto de las finanzas públicas tarde o temprano quedan al descubierto y enfrentan procesos judiciales, por más poder que tengan.

La voluntad popular y la justicia prevalecen siempre.

¿Por qué temblar, entrar en crisis y rechazar cualquier iniciativa que implique la transparencia y la lucha contra la corrupción? El que nada debe, nada teme, se dice desde siempre.

Más bien, un gobierno probo debe distanciarse de hechos que puedan enlodarlo, como cualquier nuevo administrador debe ordenar auditorías al nomás llegar a un cargo.

Es cínico decir que como aquellos lo hicieron, ¿nosotros por qué no?

La ciudadanía debe cobrar conciencia de que desde siempre la Constitución le da el derecho de acceso a la información y debe utilizar ese poder no solo para estar enterada, sino como herramienta de fiscalización de sus dineros. Ese es el reto y la ventaja es que ahora ya no pueden tapar el sol con un dedo.

Solo las cucarachas le huyen a la luz.

*Editor Subjefe de El Diario de Hoy.