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La peligrosa expansión de la amenaza pandillera

Durante la última semana, las estadísticas delictuales revelan un repunte en los homicidios. Esta ola de violencia, a diferencia de otras, incluye hechos cuyas características sugieren que el país está ante un escenario mucho más complicado del que hasta ahora se esbozaba. Los incidentes más trascendentales son los asesinatos de Andrés Ernesto Oliva, jefe de la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de Usulután, y Henry Ernesto Miranda y Miguel Ángel Cruz, custodios de la Dirección General de Centros Penales, que laboraban en los presidios de Sensuntepeque y La Esperanza, respectivamente.

Las particularidades de los tres incidentes, cometidos en diferentes lugares, indican que las víctimas fueron seleccionadas con anticipación y que sus homicidios fueron planificados. Hasta la fecha, las pandillas habían enfocado sus ataques en personal policial. Los homicidios de custodios, aunque se han registrado en el pasado, no son tan frecuentes como los asesinatos de policías. El homicidio del jefe fiscal es aún más atípico. Hasta ahora, la Fiscalía y sus empleados no habían sido un blanco favorecido por las estructuras criminales.

Detrás de estos tres hechos se esconde una alarmante realidad: las pandillas han logrado un nivel de control, influencia y sofisticación delictual, en el que se sienten lo suficientemente cómodas como para organizar y ejecutar homicidios en contra de operadores del sistema de justicia penal. Esto no es nuevo, las decenas de policías que han sido asesinados durante los últimos meses, tienen bastante tiempo de haber planteado este preocupante escenario.

Estos hechos, no obstante, sugieren un contexto más complejo, en el que los ataques en contra de funcionarios, de hoy en adelante, incluirán no sólo a policías como víctimas, sino que cualquier empleado público que entre en contacto con pandilleros o sus expedientes dentro del sistema de justicia penal, estará expuesto a este peligro. Lamentablemente, el abordaje oficial empleado por el Gobierno durante los últimos años para dar tratamiento a la criminalidad, propició una evolución en los grupos criminales que han llevado al país a este punto.

El homicidio del jefe fiscal, además de proveer un vistazo de esta peligrosa dinámica que espera a El Salvador, también constituye evidencia fehaciente de la irresponsabilidad y negligencia con la que el Gobierno trata la crisis delictual. La Fiscalía tiene meses de estar enfocando sus esfuerzos investigativos para desarticular estructuras pandilleras en el departamento de Usulután, pero la Policía no ha demostrado tener el mismo nivel de interés en la consecución de este objetivo. Esta falta de cooperación trascendió incluso a los medios de comunicación, cuando los jefes regionales de ambas instituciones se enfrentaron en el contexto de la inexcusable fuga de un pandillero de las bartolinas policiales, acusado de asesinar a una niña.

Es preocupante que ante el homicidio del jefe fiscal, que tiene serias implicaciones relacionadas con la dinámica delictual y la confianza ciudadana, el presidente de la República, que prometió liderar la estrategia anti-delincuencial del Gobierno, no haya dado la cara. Bajo una perspectiva política, por supuesto, solo es conveniente salir en la foto cuando la situación favorece al partido oficial. No obstante, para resolver la actual crisis, quien esté al frente también debe de asumir y administrar estos graves hechos.

Sin embargo, peor aún es que, mientras los pandilleros probablemente fraguaban los atentados en contra del jefe fiscal y los custodios, altos mandos policiales, incluyendo el director general, hayan encontrado el tiempo y tenido el interés de formar una valla humana para obstaculizar el ingreso de la prensa al escrutinio final de las elecciones. Es evidente que la política partidaria aún predomina sobre el abordaje serio, técnico y genuino de la criminalidad.

Hay muchas cosas que debe de cambiar el Ejecutivo para revertir esta mala imagen que ha creado y lograr el amplio apoyo ciudadano requerido para resolver el grave problema delictual al que se enfrenta.

*Criminólogo.

@cponce_sv