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¿Paquetes escolares vs. inversión en seguridad?

Algunos dicen que "las crisis son buenas parteras de las reformas". Cuando la ola de secuestros ahogaba al país a inicios de la primera década del Siglo XXI, en la Asamblea Legislativa acordaron ampliar el "período de flagrancia" y además adoptar el "criterio de oportunidad". Con el primero se facilita la comprobación de un delito porque se entiende que el delincuente ha sido capturado en el mismo momento en que lo está cometiendo. La segunda figura permite a los fiscales solicitar al juez de la causa que se exonere de responsabilidad o se reduzca la pena de una persona que, habiendo participado como autor o cómplice de un ilícito, proporciona valiosa información para la captura de aquellos otros que ejecutaron una grave violación a la ley. Con estas modificaciones al código penal, y con la mejora en los procesos de investigación y en la acción coordinada de jueces, fiscales y policías, el secuestro fue prácticamente erradicado en el país.

La visita del equipo de Rudolph Giuliani ha recordado a los legisladores que ellos tienen la atribución de adaptar la legislación a la realidad nacional. El mismo día que los asesores del ex alcalde de New York señalaron que a los menores de edad que asesinan de manera despiadada debe juzgárseles como adultos, un partido político promovió en la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley Penal Juvenil precisamente en ese sentido.

Para aprobar instrumentos legales que combatan al crimen no se necesita dinero. Lo que hace falta es voluntad política. Tampoco la implementación de varios de los nuevos mecanismos requieren de cantidades millonarias. El valor financiero del "plan El Salvador seguro" habrá desanimado a muchos que esperaban una pronta ejecución de sus recomendaciones. Dos mil millones de dólares no se obtienen en pocos meses. Se requiere del apoyo de la cooperación internacional, de un giro en las prioridades del gobierno para reorientar el destino de varias partidas del presupuesto general al rubro de la seguridad, de la comprensión de los ciudadanos cuyas aspiraciones serán afectadas debido a ese cambio de dirección de las finanzas públicas y del compromiso de todos los salvadoreños con el pago puntual de los impuestos.

El resumen ejecutivo del plan del Consejo de Seguridad contiene algunas propuestas que no demandan inversión alguna: uno, la revisión de la "ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal" para que lo miembros que deseen salir de esos grupos e insertarse socialmente puedan hacerlo; dos, la implementación de un mecanismo de coordinación permanente entre la Fiscalía General y la PNC para la toma de decisiones estratégicas y elaboración de planes de trabajo dirigidos a la investigación criminal; tres, la creación de un marco legal que prohíba a las empresas de telefonía la reactivación de los teléfonos hurtados o robados; cuatro, el traslado de los reos considerando la distribución de la población privada de libertad de acuerdo a la peligrosidad y a la fase de cumplimiento de pena; y cinco, la reforma de la ley de servicios privados de seguridad. La activación de estas cinco medidas y de otras que no precisan de apoyo monetario puede iniciar de inmediato.

De la misma manera, en el documento citado se incorporan acciones adicionales cuyo costo puede obtenerse con la sola redefinición del destino del gasto público en la ley de presupuesto. Se trata de las siguientes: incremento de la presencia del Estado en municipios prioritarios, identificados como los más violentos; reforma a la "ley de regulación y control de armas de fuego, explosivos y artículos similares" para prohibir la portación de armas y aplicación de vedas de armas en municipios seleccionados; ampliación de seguridad en el transporte público; modernización del equipamiento del Instituto de Medicina Legal, de la PNC y de la FGR para apoyar la investigación científica del delito; instalación en todos los centros de privación de libertad de bloqueadores para reducir la intensidad de la señal de teléfonos celulares e instalación de escáners para evitar el ingreso de ilícitos; y habilitación de centros de acogida, albergues y casas de protección para víctimas y testigos.

El monto total para hacer efectivas estas primeras iniciativas es de aproximadamente 304 millones de dólares. Para costear los paquetes escolares entre 2009 y 2015 se pagaron 367 millones de dólares; para el quinquenio 2014-2019 se han proyectado 400 millones de dólares porque el programa se ampliará a los alumnos de bachillerato. Los estudiantes obtienen zapatos, uniformes y útiles, pero muchos son asesinados a las puertas de la escuela o simplemente se retiran del centro escolar por temor a sufrir un atentado. El sentido común nos dice que por ahora esa no es la prioridad. Este es un tema que merece debatirse.

*Columnista de El Diario de Hoy.