Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

La ofensiva delictual y sus implicaciones

El Salvador experimenta una cruenta ofensiva delictual que incluye ataques contra patrullas, personal y cedes policiales. Según un comunicado del Ministerio de Justicia, esta ola criminal busca presionar a las nuevas autoridades hacia una negociación con cabecillas pandilleros. Esto confirma lo advertido anteriormente en este espacio: en la coyuntura de la transición al nuevo gobierno, las pandillas intentarán obligar a que su interacción extorsiva con el Estado, iniciada durante la administración Funes, trascienda períodos presidenciales.

La camándula de asesinatos y tiroteos perpetrados por pandilleros con la intención forzar un pacto con las nuevas autoridades, ha sido acompañada por declaraciones públicas de los personajes más visibles de la negociación impulsada por el gobierno saliente, como Monseñor Fabio Colindres, Raúl Mijango y Paolo Lüers, quienes abogan por la continuidad del "proceso" del que han sido parte y de su rol dentro del mismo. Ricardo Perdomo, ministro de Justicia, por otro lado, anunció un esfuerzo diferente, una nueva iteración de la iniciativa formulada y ejecutada por su antecesor, pero no toma en cuenta al trío antes mencionado.

El éxito de ambos esfuerzos es poco probable. Además de que diferentes funcionarios han declarado que las agrupaciones pandilleras aprovecharon su nueva interacción con el Estado para fortalecer, sofisticar y ampliar sus actividades delictuales; tanto funcionarios como personas vinculadas a la iniciativa actual, han explicado que las pandillas lanzaron la presente ofensiva criminal para empujar a un "diálogo". Esto hace que retomar cualquiera de las dos ofertas sea poco atractivo para las nuevas autoridades, ya que se interpretaría como una sumisión ante la presión ejercida por dichas agrupaciones criminales. La falta de acompañamiento de personas cercanas al nuevo gobierno, hace además que ambas se vean como medidas reactivas y no parte de una estrategia de Sánchez Cerén y su gabinete de seguridad (el cual aún no ha sido revelado).

Adicionalmente, esta semana, un periódico digital publicó un artículo en el que Paolo Lüers, activista de la negociación pandillera propiciada por el Gobierno de Funes, asegura que el partido de oposición, ante los adversos resultados obtenidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales recién pasadas, le pidió trasladarle a los cabecillas pandilleros una solicitud: cesar acciones orientadas a afectar las posibilidades electorales del partido de derecha a cambio de "tomarlos en cuenta" durante su mandato. Las revelaciones de Lüers ponen en evidencia las oscuras intenciones políticas que se esconden detrás del "diálogo" entre políticos y pandilleros y, por lo tanto, recubre "la tregua" y cualquier nueva versión, de un mal olor al que, se puede inferir, pocos políticos se atreverán a exponerse, especialmente en un año electoral.

Ante este escenario, si todo continúa igual, existe la posibilidad que el nuevo gobierno retome la negociación con las pandillas, pero en secreto y con interlocutores diferentes. Cualquier versión parecida a la implementada por Funes, tendría un impacto desastroso en la percepción ciudadana de cara a las elecciones del 2015. Por otro lado, también existe la posibilidad que se abandone esta interacción extorsiva y se diseñe participativamente un verdadero plan integral para controlar la criminalidad en el país.

Las revelaciones de Lüers, no obstante, le dan más fuerza a la primera opción, ya que indican que: (1) las pandillas no están dispuestas a soltar los beneficios obtenidos a través de la nueva forma en que se relacionan con el sector político y han realizado que tienen la capacidad de obligar al gobierno a que adopte esa dinámica; (2) las actuales cúpulas partidarias están dispuestas a sacrificar la confianza de sus votantes honestos y los principios bajo los que fueron fundados sus institutos políticos, y negociar con criminales para obtener réditos electorales.

Bajo estas condiciones, la esperanza de los salvadoreños honestos descansa sobre la disposición de la Fiscalía General de la República para investigar y sancionar pactos ilícitos con estructuras criminales, y, por otro lado, en la renovación de las cúpulas partidarias.

*Criminólogo

@cponce_sv