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Obsoleta reforma agraria y reactivación agrícola

La Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) destaca que la escalada de precios y el cambio climático inciden en la desnutrición y la inseguridad alimentaria en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, la cual enfrenta en su opinión una situación de alto riesgo.

FAO enfatiza que en Centroamérica no sólo hay altos índices de inseguridad alimentaria sino que está bastante distribuida y vinculada a lugares dónde vive la gente, especialmente en donde la falta de alimentos afecta a regiones rurales que paradójicamente cuentan con tierras que tienen vocación agrícola.

La reversión de esta situación pasa por potenciar y establecer políticas de Estado para garantizar la seguridad alimentaria y la intensificación sostenible de la producción agrícola, como uno de sus objetivos esenciales.

La situación de inseguridad alimentaria se ve afectada por factores como el climático, que afecta seriamente a Centroamérica e incide además en los precios mundiales de los alimentos. 

Se potencia por una lección no aprendida por los gobiernos de la región con la crisis financiera de 2008, frente a la cual asumieron que no iba a pasar nada más. Y ahora en la actualidad podemos constatar que al cabo de uno años, con la recuperación a medias de la economía mundial, están subiendo los precios de los alimentos más de lo que estaban en ese entonces, lo que coloca en una situación difícil a las familias pobres.

La reacción de los gobiernos ante la crisis del 2008 fue coyuntural, con medidas de corto plazo, sin tener a la seguridad alimentaria como eje de las políticas agrícolas. Desde el 2008, se estima que alrededor de cinco millones de personas están desnutridas en Centroamérica. Se ha dejado por fuera de los análisis sobre el campo, los aspectos de productividad, desarrollo social sostenido, mejora de niveles sociales, económicos y de salud.

En El Salvador, fomentar la producción local significa tomar conciencia de que el principal problema estructural de nuestra agricultura es el sistema de tenencia de la tierra; el cual, bajo la actual estructura impide optimizar el uso de este valioso y escaso recurso. Muchos consideran que la Ley de Reforma Agraria ya cumplió sus objetivos y mantenerla vigente lo único que logra es castigar a El Salvador y su precaria situación.

Muchos expertos están de acuerdo que dicha ley no genera beneficios. Entonces, porque no se llega al fondo de la causa del deterioro económico y social del agro salvadoreño, que es precisamente la existencia de una normativa inoperante, como es la ley citada. Y se han hecho propuestas de enmiendas y reformas a esta ley, con la esperanza de tener otros resultados.

Desde el año 2007 destaca la propuesta que busca la reactivación de las tierras ociosas e inactivas, por medio de la promulgación de una Ley de Arrendamiento de Tierras, pero ésta nunca tuvo apoyo político para contar con un marco legal de incentivo a la producción agrícola, mediante contratos de arrendamiento de tierras, contratos voluntarios, basados en reglas claras que den garantías a propietarios y arrendatarios.

Por ejemplo, en Perú con las modificaciones a la Ley de Reforma Agraria se logró que en apenas 3 años, se triplicara el valor de las exportaciones agrícolas, aumento de la actividad económica, miles de nuevos y mejores empleos, mejoras en la infraestructura vial, educativa, de salud. El impacto es… el bienestar de ciento de miles de peruanos.

¿Qué acaso no es eso lo que debemos buscar en El Salvador? Recordemos que la agricultura se caracteriza por presentar elevados efectos multiplicadores económicos, de tal manera que incentivar su expansión, por encadenamiento, puede incentivar el resto de la actividad económica. 

* Colaborador de El Diario de Hoy.

resmahan@hotmail.com