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El nuevo presidente y el grave problema de seguridad que heredará

El conteo preliminar de los resultados electorales del domingo recién pasado, arrojó una distancia demasiado corta entre los contendientes como para que el Tribunal Supremo Electoral pudiera, responsablemente, proclamar un ganador oficial ese día por la noche. El escrutinio final, instalado este martes, es indispensable para definir con certeza quién es el presidente electo que gobernará a El Salvador durante los próximos cinco años. Independientemente de quién resulte ganador, el nuevo mandatario encontrará una realidad delictual bastante complicada y, en consecuencia, tendrá que hacer drásticos ajustes al errático abordaje exhibido por la administración de Mauricio Funes (si su intención es resolver la crisis de inseguridad que atraviesa el país).

Uno de los principales problemas que tendrá que corregir es la ideologización del aparato de seguridad que, durante los últimos cinco años, se ha profundizado a niveles nocivos. La intención del partido oficial por crear las condiciones al interior de las instituciones para asegurar su completa adhesión y obediencia al proyecto político de la izquierda radical, ha tenido varias consecuencias negativas. Las jefaturas críticas dentro de la Policía, por ejemplo, se pusieron en manos de oficiales policiales sin la trayectoria, experiencia y preparación necesaria para desempeñarse de forma satisfactoria en sus puestos. Los evidentes y fuertes vínculos con el FMLN se convirtieron en requisito indispensable para ostentar puestos de relevancia operativa dentro de la Policía, en detrimento de la capacidad y preparación técnica.

Esto, por supuesto, tuvo obvias y graves consecuencias en la calidad del trabajo policial, mejor ilustradas por el incremento de la incidencia de homicidios que alcanzó los niveles más elevados de la última década. La alarmante cifra de asesinatos y la incapacidad de las autoridades, contribuyeron a que el Gobierno decidiera negociar con los cabecillas de las estructuras criminales más poderosas y peligrosas del país y pactar así una reducción ilusoria en la cantidad de asesinatos registrados. El problema no se resolvió, sólo se escondió y agudizó.

El nuevo gobierno debe de favorecer un abordaje técnico en el aparato de seguridad y aislarlo de la inevitable intención de los partidos políticos por influenciarlo. Si se continúa ubicando a personas en puestos clave en la lucha con la criminalidad, por su vinculación política y no por sus méritos y capacidad, difícilmente se logrará articular una estrategia coherente y enfocar los esfuerzos operativos exclusivamente en controlar, reducir y prevenir la violencia.

Otro elemento que tiene que corregir el nuevo mandatario tiene que ver con hacer que la prevención del delito trascienda de solo ser parte de los discursos de funcionarios y se traduzca en estrategias y acciones puntuales, articuladas alrededor de objetivos específicos y congruentes con el abordaje más amplio e integral del problema delictual. Esto requiere de un liderazgo claro y definido que oriente el trabajo de diferentes instituciones de gobierno para atacar problemas comunitarios criminógenos y, de esa forma, se eliminen los factores de riesgo asociados con las particularidades de la criminalidad en jurisdicciones específicas.

La corrupción a todo nivel, cuya profundización fue posibilitada gracias a diferentes características del abordaje de la administración de Mauricio Funes, es un problema que se tiene que atender para poder combatir las principales amenazas delictuales que enfrenta El Salvador. Las pandillas y el narcotráfico son organizaciones criminales cuya evolución y sobrevivencia está en función de la interacción corrupta con malos políticos y funcionarios. Los sistemas de autocontrol de las instituciones del aparato de seguridad, en consecuencia, deben fortalecerse y abrirse al escrutinio ciudadano.

La lista de problemas que enfrentará el nuevo gobernante es larga y complicada. Difícilmente se puede discutir en este limitado espacio. No obstante, los incluidos en este editorial son vitales para asegurar que la persona que sea electa enfrente la crisis delictual que heredará de manera más efectiva que su antecesor.

*Máster en Criminología. @cponce_sv