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¿Necesita el país mejores dirigentes?

Con las excepciones del caso los cargos de la cosa pública son ocupados por personas, tal vez bien intencionadas, pero sin títulos universitarios y escaso “background” general y especializado en la materia que les corresponde

¿Existe desvalorización de los cargos en el gobierno o escasean los cuadros idóneos para llenarlos? ¿Hay irresponsabilidad en la selección de funcionarios que no cumplen ni resuelven lo que les corresponde? ¿Estamos retrocediendo en cuanto a la honestidad y calidad humana que todos esperamos de los dirigentes? Lo cierto es que desde hace tres, quizás cuatro administraciones, observamos crecientes señalamientos a funcionarios por prepotencia, contradicciones, egos hipertrofiados, conductas revanchistas, aprovechamiento de los cargos, concubinatos públicos, lavado de dinero, narcotráfico, encubrimiento de delincuentes, violencia intrafamiliar, indicios de enriquecimiento ilícito y muchas otras lacras.

Hace más de medio siglo era frecuente que los altos cargos del gobierno los ocuparan militares de alta graduación, pero al menos eran profesionales que después de bachilleres habían estudiado cuatro o cinco años de carrera y no pocos continuaban en campos de las ciencias jurídicas y sociales, economía, ingeniería, administración, medicina, ciencias políticas, estadísticas y actuariado y otras áreas. Naturalmente cometían sus pecados y no eran moralistas pero las cosas llegaban hasta ciertos límites.

Las demás carteras eran ocupadas por reconocidos profesionales del nivel por ejemplo del Dr. Reynaldo Galindo Pohl, educadores de la talla del Dr. Manuel Escamilla y profesores Villamariona y Lobato. A Salud llegaban prestigiosos especialistas como los doctores Juan Allwood Paredes, Miguel Ángel Aguilar Oliva, Víctor Arnoldo Sutter, Roberto Masferrer y otros. A Obras Públicas renombrados ingenieros o arquitectos, algunos profesores eméritos de la Universidad de El Salvador. Y a las autónomas profesionales visionarios, más técnicos que políticos, que nunca hacían quedar mal al gobierno. Al menos eran académicos organizados y ordenados, por supuesto no necesitaban legiones de asesores como se estila hoy en día y aun a pesar de su alta experticia no eran arrogantes, aceptaban la crítica y se dejaban ayudar cuando las circunstancias así lo requerían.

Ahora los tiempos han cambiado y con las excepciones del caso los cargos de la cosa pública son ocupados por personas, tal vez bien intencionadas, pero sin títulos universitarios y escaso “background” general y especializado en la materia que les corresponde administrar. Y ahí tienen que de la nada salen expertos de “agua dulce” hablando de pensiones, ciencias económicas, prevención de los delitos, resocialización de psicópatas y rehabilitación de criminales y hasta interpretan estadísticas aunque la realidad evidencie lo contrario.

Además de la falta de preparación algunos llegan al extremo de expresarse con malacrianza y otros adoptan actitudes propias de personas con pocos escrúpulos que han colapsado en su dimensión ética.

Es indudable que los hechos apuntados han contribuido con el crecimiento de los grandes problemas nacionales que dicho sea de paso los quieren resolver a puras embestidas tributarias y nutrida propaganda que la gente mira y escucha con escepticismo.

Así como están las cosas pareciera que los requisitos para optar por un cargo público son: habilidad para desfigurar la realidad y dar la impresión que se trabaja, ser “animalita” para hacerse autobiombo recurriendo al ciberfraude, carecer de profesión universitaria, adicción por el populismo y tener agallas para adoptar posturas de divina garza aunque desde la óptica preparación no lleguen ni a pato. Ante tanto personaje de oropel, capaces de fingir una ideología para no perder privilegios, queda la duda si la culpa ultimamente la tienen las organizaciones cívico-políticas que los promueven. 

*Colaborador de El Diario de Hoy