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El microbús y la deteriorada imagen del aparato de seguridad

El miércoles de la semana pasada, un microbús de la Policía estacionado a la orilla de la playa Las Tunas, del departamento de La Unión, fue arrastrado por las olas del mar. Según reportes periodísticos, las autoridades explicaron que el vehículo se utilizó para transportar una excursión de policías. Las redes sociales, casi instantáneamente, se inundaron de imágenes del microbús que se resistía a sucumbir ante las implacables olas del Pacífico. Los usuarios que participaron en la interminable cadena de envíos y reenvíos de fotografías y videos de la triste escena, las calzaron con ocurrentes comentarios cargados de indignación, sarcasmo y burla. El tono colectivo con que los salvadoreños recibieron la noticia, no tardó en propiciar la composición de una cómica canción que describe y se mofa del incidente y, al mismo tiempo, señala cómo las leyes de la República prohíben la circulación de automotores en las playas y plantea la pregunta retórica: "¿los impuestos dónde están?"

Este vergonzoso capítulo abona a la pobre imagen y consecuente falta de confianza de la que adolecen la Policía y, en general, las instituciones públicas de El Salvador. Según el último informe de Transparencia Internacional, la PNC es la segunda entidad estatal más corrupta para la ciudadanía. Además, la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) revela que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es uno de los peores evaluados por los salvadoreños, quienes también en su mayoría opinan que, durante el último quinquenio, el Gobierno hizo poco o nada para atender a las víctimas y la criminalidad en el país.

Reparar el daño adicional causado por el incidente del microbús difícilmente se logrará sacrificando al subinspector y el motorista que están siendo investigados. El problema al que se suma el bochornoso hecho es mucho más complejo, resultado de años de desaciertos y el paso de funcionarios negligentes e irresponsables. Revertir la opinión pública en relación al aparato de seguridad estatal es titánica, pero no imposible. Las autoridades deben de tener esto muy claro, ya que las posibles soluciones son complejas e implican estrategias integrales, patrióticas y audaces. Lograr la consecución de este cometido es esencial para obtener la confianza y apoyo ciudadano necesarios para controlar la crisis delictual en la que está sumergido El Salvador.

El Gobierno, habiendo transcurrido pocos días desde que tomó posesión Salvador Sánchez Cerén como presidente de la República, aún no ha dado señales que indiquen inequívocamente si tendrá la capacidad como lograr fomentar confianza y credibilidad en la Policía y el sistema de justicia penal. Sin embargo, sí se identifican elementos que se pueden interpretar como pasos en la dirección incorrecta.

El nombramiento de Benito Lara como ministro de Justicia es, a mi juicio, uno de ellos. Durante años, Lara ha sido uno de los políticos y militantes partidarios más visibles en la palestra pública, y, por lo tanto, arrastra consigo todos los males que eso implica. Los partidos políticos son las entidades más corruptas para los salvadoreños, según el informe de Transparencia Internacional antes citado. La contaminación de Lara al provenir de este manchado círculo, hace mucho más difícil su tarea de traer credibilidad al ministerio que ahora dirige y todas sus dependencias. Las probabilidades de éxito se vuelven aún más remotas si se toma en cuenta su imprecisa posición en relación a continuar con el "diálogo" propiciado por la administración de Mauricio Funes con las pandillas. Apoyar esta medida que ha generado tanto rechazo entre la ciudadanía, difícilmente le conseguirá adeptos.

Estos y otros elementos hacen que se le complique al nuevo gobierno revertir la imagen deteriorada que tenemos los salvadoreños de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. No obstante, no es imposible.

*Criminólogo.

@cponce_sv