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Metas para 2016

Los actuales políticos deberían ver la Ley de Probidad como un incentivo, para lograr diferenciar a la fruta podrida de quienes realmente tienen limpia la conciencia y han entrado a la política con verdadero interés social

Estamos estrenando año, un excelente momento para aprovechar y agradecer a las almas filantrópicas que anunciaron en redes sociales que ya empezó 2016, puesto que sin ellos quizás no nos hubiéramos dado cuenta que habíamos dejado atrás 2015. Bromas aparte, y a pesar de que la mejora personal debería de estar constantemente en agenda, no hace daño aprovechar cada comienzo del año para agarrar nuevos impulsos. Ya sea que le estemos dando “copy y paste” a nuestra lista de metas de año que queda atrás o que ya nos hayamos propuesto nuevas, es imposible tener verdadero éxito si nos faltan las ganas de comenzar la lucha. Y a nuestros gobernantes bien les valdría aprovechar el nuevo año también para proponerse un nuevo comienzo y cumplir un par de metas que la ciudadanía, a través de manifestaciones pacíficas, columnas de opinión o desde la academia, ha venido exigiendo a través del 2015 para la mejora general de la situación nacional.

Comenzamos el año como uno de los países más violentos del mundo y con pocas soluciones al respecto --más allá de pasarle factura a la ciudadanía en forma de impuesto-- en el horizonte por parte de quienes ejercen el monopolio de la fuerza. Pero lo anterior no son razones suficientes para comenzar la lucha desganados, pues en 2015 se dieron importantes primeros pasos que de continuar por el mismo rumbo podrían desembocar en resultados sumamente positivos para el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional, elementos clave si queremos un gobierno a la altura de los problemas que enfrentamos.

Por eso, en la lista de metas para  2016, casi tan importante como para un diabético controlar su ingesta de azúcar, el órgano legislativo debería comenzar por elegir un fiscal verdaderamente independiente. Existen suficientes argumentos como para que la candidatura del ex fiscal Luis Martínez genere más dudas que beneficios. Aparte, su récord en cuanto a la persecución del delito fue menos que ilustre: si queremos mejores resultados en lo que a seguridad se refiere, no podemos apegarnos a la misma manera de hacer las cosas y los cambios institucionales comienzan por cambiar liderazgos. 

Otra meta debería ser llevar a término la propuesta de instaurar una Comisión Internacional contra la Impunidad. La exigencia y el empuje ciudadano existen, como también el apoyo desde la academia. Falta que el liderazgo político decida abandonar la filosofía del “chucho que no come chucho” y tomar conciencia de los beneficios tangibles que traería para el país una depuración de quienes han aprovechado su estadía en el servicio público para el enriquecimiento, el nepotismo y el desgaste de las instituciones a través de actos de corrupción. 

Lo anterior va intrínsecamente atado a que el presidente Sánchez Cerén oiga el clamor ciudadano y las sugerencias de tanques de pensamiento y organizaciones sin fines de lucro de vetar la Ley de Probidad en el estado en el que ha sido pasada por el momento. Con la intención de no patear colas, los diputados han buscado quitarse a la Corte Plena de encima, para obstaculizar el proceso de que se sigan desenterrando actos de corrupción de quienes ostentan el poder. Los actuales políticos deberían ver la Ley de Probidad como un incentivo, para lograr diferenciar a la fruta podrida de quienes realmente tienen limpia la conciencia y han entrado a la política con verdadero interés social, buscando el desarrollo del país a través del servicio público. La depuración serviría para proveer mejores incentivos a toda una nueva generación de líderes que quizás estén interesados en las políticas públicas y a quienes la corrupción actual del sistema sirve de desaliento.
 
Y a pesar que el solo cumplimiento de estas metas ya traería enormes beneficios a nivel institucional, estas metas no deberían ser más que medios. El fin último debería ser, con el verdadero cumplimiento del Estado de Derecho, tener un gobierno que funcione y cumpla con sus deberes básicos para los que la ciudadanía le ha delegado el poder. ¡Que tengamos un 2016 mejor que 2015!

*Lic. en derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy@crislopezg