Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Mentira, ignorancia o ilegalidad

En nuestro país a diario ocurren cosas que nos sorprenden: Recientemente en una prestigiosa entrevista, un candidato a la Alcaldía de San Salvador dijo: "Nunca he estado afiliado al FMLN…" "…no es que yo nunca haya querido, con gusto me hubiera afiliado hace años, lo que sucede es que yo fui candidato del FMLN y al ser alcalde automáticamente soy convencionista".

El caballero que dijo estas palabras, quien por cierto usa los colores de su partido en los pies, pateando lo que otros llevan con orgullo en su pecho o en la cabeza, no sabe que para inscribirse como candidato a alcalde del municipio pequeño, debió presentar en su momento a la Junta Electoral Departamental la constancia de afiliación al partido, así lo regula el Artículo 165 del Código Electoral.

O quizá la situación es más grave de lo que aparenta, y en verdad no está afiliado al partido, lo cual permitiría abrir una investigación sobre la legalidad de su cargo actual, ya que de sus declaraciones se advierte una inscripción fraudulenta cuando compitió como candidato a alcalde.

El Ministerio de Medio Ambiente ha exigido públicamente a diversas alcaldías del país, que cumplan con la ley que les prohíbe depositar basura a cielo abierto, incluso ha recurrido a la Fiscalía para denunciar la grave contaminación que esto produce; sin embargo, las bandas de destazadores de caballos que operan en rastros clandestinos, producto del cuatrerismo, son dejados en libertad, debido a que los Tribunales de Sentencia que procesan a los imputados por los delitos de contaminación ambiental y comercialización de productos nocivos a la salud, salen libres ante la falta de un estudio de impacto ambiental que debe realizar el Ministerio de Medio Ambiente; la falta de este estudio provoca impunidad.

Con sobrada razón el ciudadano se pregunta: ¿Qué base moral pueden tener los titulares de Medio Ambiente al exigir a otros funcionarios lo que ellos no cumplen?

De las trece atribuciones que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa, reguladas en el Reglamento Interior de dicha institución, ninguna le faculta adoptar posiciones, adhesiones o críticas en nombre del pueblo o del Estado salvadoreño ante otros gobiernos o instituciones internacionales, esa atribución se la encomienda la Constitución al presidente de la República en el Art. 168 Ordinal 5°, quien para tal efecto, delega al Ministro de Relaciones Exteriores y demás agentes diplomáticos.

Dos errores de bulto se le pueden atribuir al presidente de la Asamblea, uno: Ir a Suiza a criticar lo que con inteligencia y prudencia no puede defender en el país, lo cual es vergonzoso, y dos: Su viaje a Palestina financiado por terceros, es una situación delicada, porque de acuerdo a Ley de Ética Gubernamental, ningún funcionario puede aceptar este tipo regalías de personas particulares o gobiernos, sin ser avalados por sus propias instituciones, ya que se ponen en peligro los principios de la ética y probidad del funcionario público. Sin duda tenemos una gran tarea: Hay que devolverle la decencia a la función pública.