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Memoria histórica y desarrollo…

Querer restituir la dignidad de las víctimas de un conflicto armado sin antes haber resuelto el subdesarrollo, la pobreza y sin ni siquiera contar con instituciones sólidas significa retrasar el progreso

Al empecinamiento del gobierno por reformar el sistema de pensiones de manera inconsulta se agrega ahora su interpretación legal para la captura de los militares vinculados al “caso jesuitas” sin importar que varios de ellos ya fueron juzgados y amnistiados y para otros ya prescribió la acción penal. Hace solo dos semanas la administración Sánchez Cerén debió enfrentarse a un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil quienes descontentos reclamaban el pago del bono ofrecido meses atrás por el presidente de la República. Por otra parte continúa la ola de homicidios y aumenta el descontento de los ciudadanos por la falta de seguridad. El mandatario dialoga con los empresarios en el Asocio para el Crecimiento, en la Alianza por la Prosperidad y en el Fomilenio II y al mismo tiempo los ignora cuando decide impulsar iniciativas que polarizan al país y debilitan el sentimiento de reconciliación nacional. 

Ciertamente la dinámica política local responde a una democracia en transición. Se trata de un proceso inconcluso en el que las fuerzas políticas aún compiten por controlar a las instituciones públicas. Cuando a esa realidad se suma la intención de boicotear cualquier posibilidad de acercamiento entre aquellas y los actores empresariales y sociales, se diluye precipitadamente la oportunidad de resolver los grandes problemas por la vía de la concertación.

La alternativa para algunos, en perjuicio de la población, es la manipulación de la verdad, la guerra mediática, o peor aún, el manejo fraudulento de la institucionalidad. Este tipo de estrategias atrincheran en sus propias ideas a quienes sostienen posturas diferentes y amenaza con pervertir el Estado de Derecho. El enrarecimiento del clima político también nos distrae de continuar por la ruta del desarrollo. La vorágine de acusaciones y contraacusaciones de los liderazgos políticos impide que sobre la mesa del Ejecutivo y del Legislativo se traten aspectos esenciales como la profesionalización del sector público, la reforma electoral, la reducción de trámites, la modernización de los puertos y aeropuertos, la reconstrucción de la infraestructura educativa y la calidad de la educación básica así como la mejora de los servicios de salud pública, entre otros aspectos.

No cabe duda que reivindicar “la memoria histórica” es trascendental para toda Nación, principalmente para aquellas que vivieron una dictadura como la española o la chilena. Resarcir el daño moral y el sufrimiento causado a los familiares de las víctimas por los que atentaron en contra de la libertad y la vida de inocentes, olvidándose por completo de los derechos humanos, no puede desatenderse tan fácilmente. Sin embargo, en los dos casos señalados, la historia nos muestra que las respectivas sociedades le apostaron en primer lugar al desarrollo económico y social y luego decidieron exigir el reparo simbólico para quienes fueron martirizados por el abuso del poder. 

La Ley de Memoria Histórica española fue aprobada en 2007, varias décadas después de aquellos sucesos en los que muchos padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y cuando la modernidad, el crecimiento económico y el adelanto tecnológico habían hecho de ese país uno de los principales bastiones de la Unión Europea. Por su parte los chilenos inauguraron en 2010, bajo el mandato de Michelle Bachelet, el “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, decisión que para algunos significó una concreta determinación de afrontar los abusos que se perpetraron en la “era pinochetista”. Pero esta resolución aconteció con treinta años de distancia y una vez que Chile alcanzó uno de los promedios más altos de América Latina en los índices de calidad de vida, desarrollo humano, globalización y PIB per cápita.

Hacer lo contrario, esto es, querer restituir la dignidad de las víctimas de un conflicto armado sin antes haber resuelto el subdesarrollo, la pobreza y sin ni siquiera contar con instituciones sólidas en las que lamentablemente la suerte, y no la ley, es la que permite que arriben personas probas, diligentes y honorables para dirigirlas, significa retrasar el progreso y condenar a la gente a vivir bajo la sombra del crimen, de la miseria, del resentimiento y del caos. Caminar sobre los senderos recorridos en otras latitudes sería muy recomendable.

*Columnista de El Diario de Hoy.