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Un mejor futuro para Tutela Legal

La noticia de la semana es que Monseñor Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, decidió cerrar la oficina de Tutela Legal. Esta oficina tuvo sus orígenes en la clínica de Socorro Jurídico que fundara Monseñor Romero en una época donde eran pocas las voces abogando por las víctimas de la violencia política.

Durante sus años en funcionamiento, Tutela Legal acumuló más de 50,000 archivos que guardan denuncias de violaciones a los derechos humanos a manos del ejército. El cierre despertó la indignación de muchos, lívidos ante lo que consideran una afrenta por parte del Arzobispo. En la acalorada reacción deben haber olvidado que la Iglesia Católica es una entidad privada, y como tal, no le debe ninguna rendición de cuentas al público sobre las decisiones administrativas que quien la lidera decida tomar.

Es curioso cómo las crisis desatan la creatividad en lo que a términos pseudojurídicos se refiere: muchos reclamaban que el Estado debería incautar (como si fuesen drogas o artículos prohibidos) todos y cada uno de los archivos en nombre de "la verdad colectiva". La verdad, que es una y no necesita apellido para serlo, por desgracia aún no es causal para emprender un procedimiento penal o administrativo. En su entendible preocupación por la conservación de esta información muchos también iban más allá, diciendo que no hacía falta procedimiento y que en nombre de la memoria histórica debía el Estado a través del Fiscal General apropiarse de los archivos. Esta figura no es nueva: se llama expropiación y es también una violación a los derechos humanos, de otro calibre que las que los archivos documentan, pero abuso estatal al final. Sin importar que la causa sea noble, sentar el precedente de poner la ley de lado según convenga es poner la primera piedra en un bulevar de futuros y consiguientes abusos a los derechos humanos.

El cierre de Tutela Legal es en realidad, una buena noticia para quienes buscan la justicia. Abre una ventana de oportunidad para que de manera civilizada y legal, se gestione ante el Arzobispado el traspaso de tan importantes documentos a una entidad independiente, conformada y financiada por tantos interesados como hay en que se preserve la memoria de los horrores, que pueden ocurrir cuando el Estado se vuelca en contra de sus ciudadanos. Una entidad comprometida con estos fines podría tener un rol mucho más activo e independiente, emprendido por tecnócratas y académicos cuyos talentos posiblemente no podría pagar el presupuesto de la arquidiócesis. Que tengan una estrategia de comunicación que informe a las generaciones post-guerra de las verdades contenidas en los archivos, con el fin de ayudar a construir una cultura ciudadana intolerante con los abusos estatales.

Que no se caiga en la tentación de querer usar la fuerza estatal para recuperar los archivos y mucho menos, declararlos patrimonio nacional para que queden en custodia gubernamental. Sería destinar su seguridad a la opinión que sobre ellos tengan los políticos de turno. Aparte, el Estado sería tan buen guardián de la documentación de sus propios abusos como lo sería Al Capone con sus libros de contabilidad.

Muchos hemos rechazado en su momento cuando la Iglesia decide jugar el rol de analista de políticas públicas. Aunque durante la cruenta guerra civil a la Iglesia le tocó llenar un vacío social para velar por los desprotegidos, que sea otro el rol que tenga en la construcción de la paz. Que ceda terreno en las arenas de fortalecimiento democrático (siempre y cuando sea para dejarlo en manos de la ciudadanía) y se dedique mejor al negocio de las almas, para muchos de nosotros es buena noticia..

*Lic. en Derecho.

Columnista de El Diario de Hoy.

@crislopezg