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Madrugón y Estado de Derecho

comentario de la semana Lo que la mayoría silenciosa me parece a mí que seguirá observando, en especial ahora que viene elección presidencial, es quiénes de los actores políticos están por la institucionalidad del país y quiénes no lo están

Inexplicable.

Así nos resulta a "los de la llanura" --para ponerlo en términos criollos o, expresándome mejor, a los de "la mayoría silenciosa"--, la lógica con que se actuó para que haya sido a las tres de la madrugada cuando de nuevo nombró la Asamblea Legislativa a dos de los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República, cuyos nombramientos han venido siendo invalidados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además de la forma en que lo hicieron, está el momento: justo después de darse a conocer el informe de la Relatora de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, sobre la independencia de los magistrados y abogados en nuestro país.

El tema es de fondo, pues la independencia del Órgano Judicial es un requisito esencial del Estado de Derecho. "La reciente crisis institucional entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa", dice textualmente el informe de la rubia abogada brasileña, "pone de manifiesto el grado de politización del Poder Judicial y cómo ello ha afectado a la función de los agentes fundamentales del sistema judicial en la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos".

Precisa Gabriela Knaul, quien estuvo investigando el tema en nuestro país el pasado noviembre: "El procedimiento actual para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, otros jueces y magistrados y los agentes fundamentales del sistema de justicia no ofrece salvaguardas suficientes para eliminar la presión y la injerencia de los partidos políticos y grupos económicos...Tampoco garantiza la independencia institucional del Poder Judicial respecto de los otros poderes, en particular el Poder Legislativo".

La coalición gobernante tiene los votos en la Asamblea para elegir magistrados de la Corte de Cuentas que en este caso, y a diferencia de otras elecciones de segundo grado, sólo necesita mayoría simple. Pudiendo poner prácticamente a quien quieran toda vez que no esté tan coloreado como militante político, pues las cuentas estatales deben auditar profesionales con perfiles técnicos, ¿cuál es la lógica para insistir en aquellos cuyos nombramientos han sido anulados? O como reitera el informe de la ONU, teniendo que acatarse las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, por qué insistir en ello a siete meses de ir a las urnas a elegir nuevo presidente de la República.

Porque que hubo desgaste el año pasado para el país durante la crisis institucional que sufrimos, pues la hubo y todavía seguimos pagando los costos en términos de credibilidad; la cual afecta nuestras posibilidades de re-enrumbar el país hacia la prosperidad. Conclusiones sobre las razones del madrugón pueden salir varias: desde la forma en que se nombró a los dos veces invalidados, hasta el tiempo en que fue hecho: después del informe de la Relatora de la ONU y a siete meses de la elección presidencial; el ánimo con que se esté enfrentando la campaña electoral podría también ser un detonante. Lo dejo para que cada quien saque sus propias conclusiones pues no me gusta especular.

Lo que la mayoría silenciosa me parece a mí que seguirá observando, en especial ahora que viene elección presidencial, es quiénes de los actores políticos están por la institucionalidad del país y quiénes no lo están. Y como se demostró el año pasado con la crisis institucional esto no es un asunto baladí sino que es un tema fundamental, porque la gente más y más comprende que de lo que se trata es del marco referencial bajo el cual desarrollamos nuestras vidas y para ello necesitamos buenos juzgadores. Ojalá logremos fortalecer más el Estado de Derecho en nuestra tierra.

*Director Editorial

de EL DIARIO DE HOY.