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Los retos después del recuento de votos

Las elecciones para la Asamblea Legislativa del año 2015 pasarán a la historia como el proceso electoral más complicado de los últimos años, teniendo que esperar 73 días para oficializar los resultados. El conjunto de reformas implementadas con base en las sentencias de la Sala de lo Constitucional han buscado darle más protagonismo al ciudadano en la elección de sus representantes en el Salón Azul y limitar el autoritarismo que los partidos políticos habían ejercido en la designación preferente de ciertas personas para ser diputados. El voto por rostro y el voto cruzado fueron parte de la democratización del proceso electoral, pero que sin duda la implementación de estos mecanismos fue una misión que le quedó grande al Tribunal Supremo Electoral (TSE), no por falta de capacidad, quizá por comodidad o por el arraigo en extremo al partidismo político.

En dicho proceso electoral pudimos observar una serie de irregularidades que opacaron la normal finalización del evento, tales como los desórdenes administrativos al interior del TSE (evidenciados en los graves errores en el proceso de transmisión y publicidad de datos) y la falta de supervisión de dicho ente en las mesas de escrutinio final, que desembocaron en que los partidos hicieran una especie de repartición de votos al arbitrio de la mayoría de la mesa. La voluntad de cada persona que acudió a las urnas era anulada en favor de un acuerdo político que habilitara el cierre del escrutinio. A pesar de los problemas mencionados, la raíz de los errores más preocupantes en el proceso de votación podemos ubicarlos en la nula supervisión que el TSE realiza sobre las Juntas Receptoras de Votos (JRV), desde su capacitación hasta el desarrollo del trabajo el día de la votación.

Según el artículo 208 de la Constitución y 39 del Código Electoral, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral (salvo que exista vulneración a derechos constitucionales, que habilita la intervención de la Sala de lo Constitucional); por otra parte, el artículo 108 del Código electoral establece las atribuciones de las JRV, quienes tienen a su cargo facilitar el desarrollo del proceso electoral a los ciudadanos que se presentan a las urnas, realizar el escrutinio preliminar y el llenado de actas que hacen constar los resultados de la votación. La labor del TSE y las JRV (y de los partidos políticos detrás de sus integrantes) son las primeras en ser cuestionadas cuando el día de la elección nos enfrentamos a problemas como la búsqueda incesante (y muchas de las veces injustificada) de anularle el voto a una persona que apoya al partido contendiente sin que nadie al menos modere la situación; cuando queda en evidencia el desconocimiento de la normativa electoral, del mecanismo de conteo de votos y llenado de actas, y cuando nos damos cuenta que la voluntad de las personas está en los paquetes electorales pero no se refleja en las actas.

Es fácil detallar todos los problemas que se han dado en el desarrollo del proceso electoral, pero quedarnos con las críticas como simple desahogo no ayudará en nada a solventar los problemas que nuevamente enfrentará el TSE en las elecciones de diputados y concejos de 2018 y las presidenciales de 2019. Las críticas a los distintos entes hay que interiorizarlas y convertirlas en propuestas a implementar en los próximos procesos electorales y así hacer valer la voluntad ciudadana. Para ello, es necesario que el TSE asuma el rol de máxima autoridad en materia electoral y actúe como tal; no es posible que el principal encargado de las elecciones se limite a ser un mero espectador del trabajo de los partidos políticos en las mesas de escrutinio, sino que debe convertirse en el máximo vigilante del voto de cada uno de los ciudadanos que creemos en la democracia. Es necesario que se implemente un sistema de capacitación integral de las JRV, con independencia de la ideología de sus miembros, sino buscando la perfección en el trabajo que se realiza el día de la elección. En el recuento se "rescató" la voluntad de casi 21,000 personas, razón suficiente para dirigir la mirada a la labor de conformación, capacitación, apoyo y supervisión de las JRV en los eventos electorales.

*Colaboradora de El Diario de Hoy.