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El llamado de la OEA al TSE

El comunicado de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que "merece atención la reducción del nivel de participación ciudadana respecto de la votación de 2009, que si continúa puede debilitar el proceso democrático. La democracia se alimenta del voto popular". La exhortativa de la OEA es clara. Ellos sí tomaron en cuenta el padrón original y calcularon la asistencia de los ciudadanos a las urnas en base a los 4,955, 107 electores. En función de esos datos, la OEA detectó una caída en la participación electoral de ocho puntos respecto de los pasados comicios presidenciales.

La recomendación de la OEA debería traducirse en acciones concretas. El Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa harían bien en revisar aquellas iniciativas que, cumpliendo con la ley, faciliten el ejercicio del voto e incentiven a los salvadoreños a participar en la segunda vuelta electoral.

Una de las propuestas tiene relación con la extensión de la vigencia del Documento Único de Identidad (DUI) de todas aquellas personas que, encontrándose registradas en el padrón electoral, se encuentran inhabilitadas para votar el 9 de marzo. Los efectos de esta medida se limitarían exclusivamente al ejercicio del sufragio y no a otras operaciones que requieren la presentación de un DUI vigente.

En 2006, con 78 votos de todas las fracciones políticas, los legisladores "extendieron la vida de 3.5 millones de DUI que vencían en los siguientes tres años". Así lo consignaba un periódico de circulación nacional, agregando que de esta manera, los políticos se aseguraban que nadie dejaría de votar en 2009, cuando resultó electo Mauricio Funes por el FMLN.

En aquel momento, el motivo principal que alegaron los legisladores para adoptar esa decisión, fue la de "ahorrar a los ciudadanos los $10.31 que costaría la renovación del documento". Sin embargo, en el dictamen del decreto que aprobó esa disposición, según consignan las noticias de la época, se argumentó que la "extensión del DUI es importante porque el documento es el medio idóneo para ejercer el sufragio".

Con el propósito de evitar un perjuicio económico a la empresa emisora de los DUI, para 2014 y a diferencia de 2006, la petición de un número importante de organizaciones civiles, es la de prorrogar la vigencia únicamente de los 542,974 ciudadanos que de acuerdo al TSE necesitan del documento para que se les habilite a votar. No se pide ni la gratuidad ni tampoco que la extensión de la vigencia de los documentos de identificación se aplique a un número mayor de personas, sino de manera exclusiva para el segmento de la población citada. Debe garantizarse asimismo que esos DUI cuenten, al igual que el resto de los cuatro millones y medio de salvadoreños aptos para sufragar, con las medidas de seguridad que confirmen su autenticidad.

La moción ha suscitado el reproche de quienes consideran que se está incumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional número 55-2012, del 4 de diciembre de 2013. Esa sentencia fue la consecuencia de un proceso constitucional que se inició contra los artículos 4-J inciso 2º de la Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad, y 6, 9, 33 y 249 del Código Electoral. El primero establece que "una vez haya vencido un Documento Único de Identidad, éste no tendrá valor alguno y no deberá ser aceptado como documento identificatorio". Los siguientes básicamente se refieren a la obligación de contar con un DUI para el ejercicio del sufragio y a la de aparecer en el correspondiente padrón emitido por el TSE.

El "reproche constitucional" que expresaba quien inició este proceso consistía en que esas normas obligaban a los ciudadanos a identificarse con un único documento y en consecuencia, se "afectaba el derecho al sufragio, pues sólo los ciudadanos que tienen DUI podrán votar, mientras que los que carecen de él, a pesar de que hay otro tipo de documentos que también identifican a los ciudadanos, no lo podrán hacer"- Al final la Sala, con buen tino, terminó rechazando lo solicitado y estableció, después de un sustento muy técnico, que "para que un ciudadano pueda votar es indispensable que este se identifique en el acto ante la junta receptora de votos con su DUI, el cual, a su vez, debe estar vigente; de lo contrario, el derecho al voto puede legítimamente ser obstaculizado en su ejercicio".

La Sala hizo lo correcto. Quien quiera votar debe hacerlo con un DUI vigente. Eso es precisamente lo que solicita Aliados por la Democracia. Que se prorrogue la vigencia de los Documentos Únicos de Identidad hasta el día 9 de marzo para que se cumpla la sentencia de la Sala y las recomendaciones de la OEA, que pide al TSE hacer un esfuerzo por aumentar la participación de votantes el día de la elección.

*Columnista de El Diario de Hoy.