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De las promesas a la realidad: Investiguemos El Chaparral

La ciudadanía pide a gritos instituciones que combatan la impunidad y el crimen organizado, entidades que hagan investigaciones serias y le pongan rostro a la corrupción, sin importar el origen de la misma

Han pasado más de diez años desde que inició el proceso de construcción de la presa El Chaparral, un proyecto viciado desde el principio y que a pesar de existir indicios de posible corrupción, el gobierno no parece estar interesado en investigar e insiste en contratar a las mismas empresas que han sido señaladas en este y otros países, por su incapacidad para cumplir con el fin para el que fueron contratadas y por sospechas de estar ligadas a casos de corrupción.

Mientras los salvadoreños expresan su deseo para que se creen las instancias donde se prevenga e investigue los delitos de corrupción, llámese CICIES o Probidad, en la Asamblea Legislativa se desestimó la propuesta de ARENA para crear una comisión especial que investigara las irregularidades en la construcción de esta obra.

Según estándares internacionales, desde un principio se sobrevaloró el proyecto, ya que para una presa de 66 MW la inversión debería rondar los $ 2 millones por megavatio, para un total de 132 millones de dólares, sin embargo, en el 2008 la empresa Astaldi ganó el proceso con una oferta de $ 219 millones ($3.3 millones por megavatio).

En el 2004,  un estudio de factibilidad realizado por la empresa japonesa JPower, recomendó a CEL realizar más estudios, mapeo geológico y perforaciones, a fin de evaluar la estabilidad del suelo; estudio que fue ignorado y al que siguió la contratación de la empresa brasileña Intertechne, a la que se le pagó cerca de $ 6 millones de dólares por un diseño básico de la presa.

La cronología en el desarrollo del proyecto El Chaparral, uno de los más caros en la historia de nuestro país, ha tenido como punto común la aprobación y visto bueno de funcionario tras funcionario, con una investigación que no arroja resultados por parte de la Fiscalía General de la República y una serie de irregularidades que en países donde se cuida el dinero de los contribuyentes, ni siquiera cabe la posibilidad.

Lo anterior puede comprobarse con nuestros vecinos guatemaltecos, donde hace apenas un par de meses, el Instituto Nacional de Electrificación despidió a la brasileña Intertechne por no cumplir con las expectativas: al igual que en El Salvador, allá se le contrató para hacer un estudio de factibilidad del proyecto Xalalá, pero con garantías suficientes a favor del gobierno, lo cual permitió que a pesar de haber llevado el caso a los tribunales guatemaltecos, los brasileños perdieran.

Por haber sido pactada “de dedo” y luego de que la Contraloría General de la República detallara anomalías en el contrato con Intertechne, el ministro de Energía  no solo está siendo investigado, sino también debió renunciar a su cargo.

En el 2008 se adjudica el contrato de construcción de El Chaparral a la empresa Astaldi, pero el siguiente año, el entonces superintendente de la SIGET, Tomás Campos, pidió suspender la obra debido a que se detectaron anomalías en el proceso de concesión que SIGET otorgó a CEL; así como en el proceso de licitación, sin embargo, lejos de ser escuchado, fue separado de su puesto.

En el 2010, Astaldi paralizó las obras alegando “fallas geológicas no previstas”. 

La respuesta de CEL fue un arreglo nada transparente, confidencial, a pesar de tratarse de dineros públicos, que finalizó con un astronómico pago de $ 108.5 millones de dólares (50% del costo total) a pesar de no haber avanzado ni al 30 % de la obra y que incluía $28.7 millones solicitados para evitar el arbitraje, lo cual también debe ser investigado por posible violación a la ley LACAP (pago no relacionado al contrato original).

Este tipo de hechos son los que obligan a realizar una investigación seria y responsable sobre este asunto que, al involucrar tantos millones de los salvadoreños, merecen respuestas transparentes y reales.

Sin profundizar en el caso, se puede concluir que el gobierno de El Salvador contaba con muchos elementos que hacen pensar que, de irse a un litigio internacional, que es lo que según el expresidente Mauricio Funes se quiso evitar al pagar el 50 % de un proyecto ejecutado en menos del 30 %, lo más probable es que se hubiese ganado.

¿Por qué el expresidente Funes y sus funcionarios asumieron que se perdería un arbitraje, cuando las pruebas no lo aseguraban?

No lo sabemos, lo cierto es que luego de pagar esos millones, el gobierno de ese entonces decide y determina, con anuencia del presidente del BCIE, Guillermo Funes, hermano del expresidente, contratar una vez más a la empresa encargada del fallido diseño básico, Intertechne de Brasil, a pesar de que presentó una de las ofertas más altas en la licitación.

La preocupación sobre el caso volvió luego de que en junio pasado, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunciara un nuevo presupuesto de   $ 290 millones para la misma obra, lo que representa un 32 % más que el costo original.

Y aunque esta semana la CEL anunció que el proyecto se finalizará con empresas nacionales, lo cual es una buena noticia, igual se necesita una investigación que aclare las anomalías que se han dado hasta la fecha.

Tanto el expresidente Mauricio Funes como el actual presidente de la República hicieron claros compromisos relacionados al combate de la corrupción en sus respectivos discursos de toma de posesión: 

“Combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno”, dijo Mauricio Funes en su discurso toma de posesión.

Mientras que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén expresó:  “Lo he dicho muchas veces y debo dejarlo claro: Los recursos del pueblo son sagrados y sólo se utilizarán para favorecer el desarrollo y el bienestar del mismo.  Tal como se hizo en este gobierno, continuaremos el compromiso de NO MÁS CORRUPCIÓN”.

La ciudadanía pide a gritos instituciones que combatan la impunidad y el crimen organizado, entidades que hagan investigaciones serias y le pongan rostro a la corrupción, sin importar el origen de la misma.

Pienso que nosotros como legisladores tendríamos que dar el ejemplo y respaldar acciones como las que intentamos llevar a cabo en julio pasado, al proponer la creación de una comisión que investigue las irregularidades en el proyecto El Chaparral.
Como bien dijo el presidente Thomas Jefferson: “Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública” y yo le agrego: Y rendir cuentas…

*Diputada