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Las barbas del vecino

Me lo contaba un testigo presencial: en enero del año 2007, durante la inauguración del Año Judicial en Caracas, ceremonia que solía tener lugar en el auditórium principal del Tribunal Supremo de Justicia, con la presencia del pleno de diputados, magistrados del Tribunal (equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia), cuerpo diplomático acreditado, autoridades del ejército, etc. Cuando el presidente de la república ingresó al auditórium, todos los presentes se pusieron en pie, y luego de un sonoro aplauso entonaron repetidamente el conocido "¡uh!, ¡ah!, Chávez no se va", que era una muestra de adhesión incondicional ya no a la institucionalidad del Estado, sino a la persona misma de su presidente.

Entonces comprendí, me decía mi amigo, miembro del cuerpo diplomático, lo que significaba haberse hecho con la totalidad del poder y haber sometido todo el aparato estatal, por una parte, y por otra, el servilismo de los poderes del Estado.

Esto, que podría quedarse en anécdota, ha quedado consignado en el libro "El TSJ al servicio de la revolución". Un trabajo de cuatro abogados venezolanos en el que, después de revisar y clasificar las más de cuarenta y cinco mil sentencias del Tribunal Supremo emitidas entre los años 2004 y 2014, muestra cómo no hay entre ellas un solo fallo en contra del Gobierno, o de acciones gubernamentales durante ese período.

Pero esa conclusión, como reseña un artículo de El País, es solo "la corteza de un árbol frondoso y cargado de frutos como estos: los autores [del libro] afirman que, a medida que pasa el tiempo, los magistrados del Supremo venezolano necesitan mostrarse más revolucionarios para sobrevivir a las purgas periódicas impulsadas por la troika gobernante, que el Gobierno interviene y controla políticamente al Poder Judicial con el objetivo de que este no limite sino que legitime jurídicamente sus decisiones y actuaciones, que tras la muerte del presidente Hugo Chávez se han hecho más explícitas las evidencias de politización de la justicia, y que los criterios judiciales de las cortes estudiadas se apartan y son contrarios al derecho internacional, a los derechos humanos, y a la jurisprudencia y doctrina universal más reconocidas en materias como democracia y Estado de Derecho".

En Caracas, escriben los autores, hay un patrón que se cumple invariablemente: "el Gobierno anuncia una medida que se corresponde con su visión estratégica. La oposición y los expertos critican la decisión por anticonstitucional, pero a los pocos días una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia avala la postura de la alta jerarquía chavista".

Alguien podría decirme --y no le faltarían motivos--, que qué hago escribiendo cosas de un país suramericano con el que solo tenemos que ver por la simpatía que los políticos de izquierda le manifiestan. Les diría que esa simpatía es más que un sentimiento o conexión empática, como lo manifestó en su momento el presidente, cuando en enero de 2013 dijo que "ahora Venezuela se ha convertido en ese faro de luz que en los años 60 fue la revolución cubana, socialista y victoriosa. Ahora Venezuela es la luz revolucionaria socialista que ilumina a América Latina, el Caribe y el mundo".

¿Será que en su consideración ese faro también indica la meta a la que un sector del gobierno, que no ve con ninguna simpatía el actuar de la Corte Suprema, quiere llegar?

Lo bueno es que no estamos en campaña electoral, porque queda más claro que lo dicho no podría ser calificado de electorero. Pero también, por otro lado, al no tener en mente ningunas elecciones, lo malo es que se nos puede olvidar la importancia del Estado de Derecho y la separación de los Poderes del Estado, por lo que, ante los últimos acontecimientos, pienso que vale la pena recordar estas cosas.

*Columnista de El Diario de Hoy.

@carlosmayorare