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Instrumentos contra la corrupción

Los corruptos en El Salvador encontrarían valladares infranqueables en un Fiscal absolutamente comprometido con esta lucha, pues las acciones penales que son de su exclusiva competencia vendrían a acompañar las sanciones administrativas impuestas

Los escándalos de corrupción mantienen en un clima de alta tensión a media América Latina. Tanto en Guatemala como en Brasil, en Argentina como en Honduras, en Chile como en México, el destape de cloacas infestadas de negocios turbios, sobornos, compadrazgos, nepotismos y toda una gama de conflictos de interés ha llevado a la opinión pública continental a pronunciarse con inusitada fuerza en contra de los funcionarios que obtienen beneficios personales del ejercicio del poder.

En nuestro país, la reciente apertura de un proceso inédito por enriquecimiento ilícito, gracias a una resolución firmada por casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, envía un mensaje contundente en la misma dirección en que se está moviendo la presión social latinoamericana, cada vez más consciente de la urgencia de institucionalizar la transparencia y fortalecer los sistemas de contraloría sobre los recursos estatales.

Luego de ver cómo en Brasil se investiga al gobierno por, entre otras cosas, haber maquillado las cifras de sus proyectos anuales de presupuesto, o cómo en Guatemala un mandatario desafiante pasó a convertirse en imputado en menos de 24 horas, es lógico que los salvadoreños nos preguntemos qué pasaría en nuestro país si los instrumentos que existen para garantizar la honradez de los servidores públicos empezaran a funcionar de verdad.

El caso del diputado López Cardoza ha desatado expectativas alrededor de numerosos temas de fondo. Es asombroso, sin duda, que hayan tenido que pasar 56 años para que una legislación destinada a combatir el enriquecimiento ilícito tenga por fin en su mira a alguien con aumentos patrimoniales todavía no justificados. Pero este hallazgo tal vez sea apenas el hilo fino que conduzca a nuevas madejas. Cabe, pues, preguntarse: ¿De cuántas más inconsistencias estarían adoleciendo las declaraciones juradas de otros funcionarios? Y de ser así, ¿a qué tipo de enredos y tramas apuntarían estos incrementos exponenciales de patrimonio?

El precedente que le está heredando al país la nueva conformación de la Corte Plena es extraordinario y ojalá sea también oportuno. Más allá de la presunción de inocencia que debemos concederle al diputado en cuestión, su caso ya está movilizando a la ciudadanía honrada a manifestarse en torno a la necesidad de mayores y mejores controles sobre los servidores públicos.

Está bastante claro, por ejemplo, que la ley vigente de 1959 ha sido rebasada desde hace tiempo. Se requiere una nueva Ley de Probidad que, como lo indica su Grupo Gestor, otorgue a la entidad encargada de implementarla un adecuado nivel de autonomía, funcional y presupuestaria. De nada sirve una oficina que recibe declaraciones juradas de patrimonio si tiene cercenadas las facultades para procesar, investigar y sancionar esta información. Hay que dotarle de una buena dentadura a la institucionalidad que vela por cumplir y hacer cumplir el artículo 240 de nuestra Constitución.

En este punto vuelve a cobrar importancia el papel que juega la Fiscalía General de la República como instancia que defiende, también por mandato constitucional, los intereses del Estado y de la sociedad. Sobre todo ahora que los diputados han iniciado el proceso de elección del titular de la FGR, conviene tener presente que dicho cargo trae aparejadas varias condiciones de idoneidad, incluyendo la competencia y moralidad notorias, la independencia política y la férrea voluntad de perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones.

Los corruptos en El Salvador encontrarían valladares infranqueables en un Fiscal absolutamente comprometido con esta lucha, pues las acciones penales que son de su exclusiva competencia vendrían a acompañar las sanciones administrativas impuestas por una eficiente Dirección de Probidad. Pero si el desempeño de la Fiscalía se viera limitado por afinidades inconfesables o en virtud de acuerdos que garantizaran la elección (o reelección) de su titular, el riesgo de ir a la cárcel sería una pesadilla menos en el sueño de los políticos deshonestos.

En el combate a la corrupción solo se vale avanzar; cualquier retroceso es una desgracia.

*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.