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Independencia financiera

La obstaculización a la transparencia toma distintas formas, siendo la más reciente la precariedad presupuestaria. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) está pasando, nuevamente, por vicisitudes económicas que ponen en peligro su operación cotidiana.

Dentro de la estrechez económica que vive el país, algunos podrían argumentar que esa es la suerte de innumerables instituciones públicas. Pero lo que enfrenta el IAIP es diferente. El monto de su primer presupuesto en 2013 fue de $991,300, y para su segundo año (2014), este se redujo aún en 10 %, llegando a $885,565. Recordemos que la anterior presidencia emitió un Reglamento a la LAIP, que entorpecía su funcionamiento y la Sala de lo Constitucional tuvo que expulsar del ordenamiento jurídico algunos artículos del mismo (Inconstitucionalidad 13-2012). En dicho reglamento se crearon causales no consideradas en la ley para denegar información pública, tal como "seguridad política", cuando una denegatoria solo debe proceder por causas legales previamente establecidas y en todo caso el Estado deberá fundamentar adecuadamente los motivos de dichas negativas.

Para efectos comparativos se puede señalar a una Institución relacionada como es el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que cuenta con un presupuesto anual de $2,295,165, es decir, más de dos veces el presupuesto del IAIP. El TEG ha tenido un rol importante en las capacitaciones para funcionarios y empleados públicos, pero su desempeño en procesos sancionatorios ha sido de escasos resultados. Basta señalar cómo resolvió ante el caso planteado por ALAC-Funde, en el cual demoró 17 meses para declarar que diputados de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, no habían actuado fuera de la ley y que no era antiético destinar casi $200,000 en regalos de Navidad y compras de arte, en su presupuesto del año 2012. Esta reciente resolución evidencia su falta de fortaleza, pues debería haber sido condenatorio al incumplirse lo que la ley expresamente señala: "utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados, únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados".

Cuando se estaba redactando la Ley de Acceso a la Información Pública, el grupo promotor de la misma, tuvo amplias deliberaciones sobre el andamiaje institucional como marco de la transparencia. El objetivo era crear un cuerpo normativo que cumpliera los estándares internacionales, pero que además contara con una institucionalidad que le diera soporte. Esa discusión se profundizó en el seno de la Asamblea Legislativa en el sentido de valorar una ley con o sin institucionalidad. La decisión de los legisladores fue privilegiarla; no bastaba tener una ley, sino además era importante para darle fortaleza que existiera una institucionalidad que tuviera la atribución de ser su garante.

Las expectativas hacia este Instituto son altas. La ley señala que es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera. La misma es una entidad con amplias atribuciones que van desde velar por la correcta aplicación de la LAIP, promover una cultura de transparencia, resolver casos en apelación, resolver controversias en relación a clasificación de información reservada, promover la estandarización de las respuestas que den las autoridades públicas, entre otras. Pero, ¿cómo hacerlo cuando no tiene para pagar la renta de los próximos 6 meses? Es importante que el IAIP reciba los recursos económicos necesarios para llevar adelante tan importante labor.

No obstante lo anterior, a la fecha el IAIP ha atendido 214 casos, ha capacitado a más de 1,300 personas del gobierno central y municipal, tanto en acceso a la información, como en la administración de archivos.

En relación con los gobiernos municipales, frente las próximas elecciones se presentan expectativas, pues en varias alcaldías se nombró al secretario del Concejo como oficial de información y si no se mantiene ese partido en el poder, los conocimientos que ahora tienen una serie de oficiales se perderán. Deberá evitarse nombramientos que coincidan con cargos de elección popular. Es decir, la tarea de trabajar fuertemente con los oficiales de información a nivel municipal es de largo aliento y para ello se requiere de esfuerzos amplios, con programas específicos para que las poblaciones de esos municipios también demanden información sobre el manejo de los fondos en el ámbito local.

El Instituto, como garante del acceso a la información, tiene grandes desafíos para llevar a la práctica todas las atribuciones que se le dieron a través de la ley. Para lograrlo debe contar un presupuesto robusto.

En poco tiempo el Órgano Ejecutivo elaborará el presupuesto general de la nación y es urgente que se le dote con los recursos suficientes para que cuando sea aprobado por la Asamblea Legislativa, veamos una voluntad política de apoyo y no debilitarlo a través de la falta de recursos.

*Columnista de El Diario de Hoy.