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La incesante instrumentalización política del aparato de seguridad estatal

La influencia de la clase política sobre las instituciones encargadas de velar por la ley y el orden, y las desastrosas consecuencias que esto conlleva, han sido ampliamente estudiadas por académicos que se especializan en el tema. Diferentes momentos en la historia de contextos específicos, demuestran que las sociedades necesitan un balance óptimo entre el nivel de independencia bajo el que operan dichas entidades y la magnitud de la influencia política a la que están sujetas. Las situaciones en las que existe la posibilidad de ejercer una desmedida influencia política, facilitan y motivan su instrumentalización para fines políticos. La independencia excesiva, por otro lado, propicia abusos de autoridad y arbitrariedades.

La ciudadanía debe de buscar un alto nivel de independencia para sus aparatos de seguridad, ya que esto crea un escenario en el que se posibilita el trabajo imparcial y eminentemente técnico. Sin embargo, también debe de velar porque existan los mecanismos mínimos necesarios que permitan advertir, denunciar y corregir abusos de autoridad a través de su representación política.

Los aparatos de seguridad salvadoreños no han estado inmunes a los problemas derivados de combinaciones inadecuadas de independencia institucional e instrumentalización política. La Policía Nacional Civil, desde su creación, por ejemplo, adolece de la nociva influencia ejercida por actores políticos. El establecimiento de cuotas ideológicas en su proceso de formación, ilustra con vehemencia el desmedido interés de los políticos por controlar las instituciones de seguridad y, al mismo tiempo, disfrazar su intención bajo el pretexto de fabricar un balance ideológico ilusorio. Establecer requisitos políticos sobre técnicos en estas primeras etapas de la Policía, no permitió escoger a los mejores candidatos para integrar la nueva institución.

La mano dura, súper mano dura y "la tregua" son claras evidencias de cómo la política ha influenciado las estrategias de seguridad pública, en detrimento de los principios técnicos que deberían de guiar el combate y la prevención del delito. La administración de Manuel Melgar en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, no obstante, es el ejemplo salvadoreño más burdo del voraz apetito del sector político por controlar y manipular el aparato de seguridad. Las acciones ejercidas por ese gabinete, son calcadas de la literatura que describe otras experiencias en diferentes países en donde la clase política ha tomado control íntegro de los cuerpos policiales.

Siempre he opinado, en este y otros espacios, favorablemente en relación a la gestión de Luis Martínez como fiscal general. En términos generales, su posición categórica y consistente sobre temas críticos me ha parecido valiente y elogiable. Aunque diversas voces, tanto de la izquierda como de la derecha, me han señalado constantemente diferentes indicios bastante puntuales que lo vinculan a un actor político en particular, me he resistido a creer que la independencia exhibida por el fiscal en ciertos temas sea sólo aparente.

Sin embargo, el pobre sustento, enfoque parcial y momento político que implican los casos del bulevar ex Diego de Holguín y CEL-ENEL, me llevan a reconsiderar mi opinión sobre Martínez. Tratándose de presunta corrupción millonaria, que supuestamente involucra a personas reconocidas y hasta editorialistas críticos acérrimos de este gobierno, esperaba acusaciones mejor sustentadas, con elementos probatorios indiscutibles y un manejo mediático estratégico y serio de los detalles. Hasta el momento, la presentación de los casos me ha decepcionado. Las irresponsables acusaciones del presidente de la Corte de Cuentas y la inusualmente ágil y amplia operación de la Dirección General de Medicamentos que llevó al cierre de varias sucursales del negocio de una de las personas mencionadas en el caso judicializado por la Fiscalía, sugieren que existe una estrategia política con fines electoreros que incluye otra instrumentalización de las instituciones encargadas de velar por la ley y el orden. Los efectos sobre la confianza ciudadana en sus autoridades serán desastrosos. Las trayectorias de los funcionarios e instituciones que se presten quedarán por siempre manchadas.

*Criminólogo

@cponce_sv