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¿Imposición a la vista?

El FMLN aspira a que las fronteras entre Estado y partido (“vanguardia del pueblo”) se vayan diluyendo en un aparato hegemónico y compacto

Lo mínimo que cabe exigir a cualquier autoridad pública es el respeto debido a los ciudadanos. Este respeto, añadamos, debería ser natural, porque en democracia no existe poder indefinido, y porque los recursos que apuntalan el funcionamiento del Estado provienen del esfuerzo de esos ciudadanos. Tanta verdad dice quien le recuerda al gobierno en turno —máxime si lo olvida— que todo su poder le ha sido delegado, como quien se permite aludir a algo que muy pocos funcionarios desean tener presente, y es el origen de los recursos con que se pagan sus salarios.

Pero aunque la vía democrática ha demostrado ser, hasta hoy, la mejor forma en que el poder se delega, es en el ejercicio de los mecanismos democráticos para dirimir conflictos y establecer prioridades donde los funcionarios públicos enfrentan o sucumben a las peores tentaciones. También esto es lógico, por cierto, pues la humana miseria tiende a revelarse allí donde sobran ocasiones para excitarla. Darle poder a un hombre, parafraseando a Lincoln, es equivalente a probar de qué están hechos los más íntimos recovecos de su alma.

Siempre es prudente matizar aquella conocida expresión que otorga a los políticos, sin distinciones, la misma sed de poder. Es cierto que el poder es capaz de corromper a cualquiera y que la corrupción absoluta es una de las consecuencias esperables del absolutismo; pero ni desemboca en autoritarismo toda vocación política ni a todos los espíritus seduce igual la acumulación de potestades y privilegios. De hecho, suelen ser las personalidades más mezquinas y rastreras las que con mayor facilidad se rinden a las pequeñas gratificaciones de los poderes terrenales.

La peor de las ambiciones políticas es, quizá, la que percibe el poder como una herramienta imprescindible para la construcción de sociedades “nuevas” o “igualitarias”. La búsqueda del poder, en estos casos, no solo responde a codicias personales más o menos disimuladas —cuyo extremo es el culto a la personalidad mesiánica—, sino a programas ideológicos cerrados e insustituibles, basados en consignas, intuiciones y postulados de muy dudosa raigambre científica o filosófica.

Es fácil descubrir este entramado ideológico detrás de muchas acciones que toman los regímenes autoproclamados socialistas. En lo que atañe a El Salvador, el partido en el gobierno ha recogido en los documentos de su pasado congreso las líneas generales de un proceso marcado por esa concepción ideológica del poder. Siguiendo a Marx y a Lenin, el FMLN aspira a que las fronteras entre Estado y partido (“vanguardia del pueblo”) se vayan diluyendo en un aparato hegemónico y compacto, tendiente a desembarazarse de ese molesto equilibrio de poderes propio de las “democracias burguesas”.

Para llevar a la concreción este programa, nuestros funcionarios han mostrado una capacidad cuasi infinita para obviar o descalificar los aportes de aquellos a quienes consideran sus adversarios ideológicos; pero, más preocupante todavía, también han comenzado a exhibir una escasa voluntad para respetar las opiniones de quienes, se supone, forman parte de ese “pueblo” al que dicen representar.

El ejemplo que está ilustrando con mayor precisión esta realidad es el tratamiento que hasta ahora ha dado el oficialismo al tema de pensiones. Además de mantener ocultos los detalles de la “urgente” reforma del sistema que desea impulsar, el gobierno está afirmando cosas que no son ciertas. Si fuera verdad, para el caso, que la deuda previsional está presionando el déficit fiscal en forma desmedida, la primera explicación que se nos debería ofrecer es por qué existen rubros (salarios estatales, transferencias corrientes, bienes y servicios) que han aumentado más, en los últimos siete años, que el pago asignado a pensiones.

Pero en este debate, claro, antes que responder argumentos, el gobierno parece estar sucumbiendo a la tentación de imponerse. No quedará otro camino que exigir el respeto debido a los ciudadanos, y en particular a los trabajadores que llevan 17 años cotizando y ahorrando. Son sus derechos los que están en juego.
 


*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.