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Importancia del caso de Antonio Rodríguez

La semana pasada, Antonio Rodríguez, sacerdote de origen español conocido como padre Toño, fue capturado por la Fiscalía General de la República y acusado en los tribunales por diferentes delitos cometidos en el contexto de su presunta colaboración con cabecillas pandilleros. Según declaraciones oficiales sobre el caso, el religioso está vinculado directamente con Carlos Mojica Lechuga, alias "el Viejo Lin", miembro de la máxima estructura de mando de la pandilla 18 y una de las voces más visibles de "la tregua". La representación fiscal señala al padre Toño por supuestamente utilizar sus influencias dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para trasladar a un pandillero de peso del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a un presidio con protocolos de seguridad más laxos. Además, se acusa al sacerdote del ingreso de teléfonos celulares a los presidios.

El padre Toño fue acusado de forma secuencial por dos dependencias fiscales diferentes: la Dirección de los Intereses de la Sociedad de Oriente y la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión, respectivamente. El proceso iniciado por la unidad especial fue el único que logró que el tribunal ordenara la detención provisional del religioso, mientras el caso pasa a la fase de instrucción y se espera la celebración de la audiencia preliminar.

El involucramiento de la unidad anti-extorsiones es significativo, considerando el nivel de eficacia que ha demostrado en el pasado, logrando mantener, por años, un récord impresionante de condenas arriba del 90% (muy por encima de las oficinas fiscales regulares). La dinámica de trabajo en esta dependencia es enérgica y eficiente. El equipo de fiscales que la conforman es comprometido, honesto e incansable. Gracias a estas cualidades esta unidad es una de las más efectivas y profesionales dentro de la Fiscalía General de la República.

El argumento inicial utilizado por el padre Toño y sus defensores de que su acusación obedecía a una persecución política, simplemente pierde validez al tomar en cuenta la trayectoria técnica, objetiva y apegada a derecho del equipo de fiscales que participó en la investigación y, ahora, en la acusación judicial del religioso. Considerando la forma en que esta unidad trabaja, lo más probable es que la evidencia en contra del sacerdote sea contundente e irrefutable, lo cual marcaría un precedente importante para otros casos similares, en especial los que se investigan en el contexto de la negociación propiciada con las pandillas durante la gestión de David Munguía Payés al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Ahora que el caso ha sido judicializado, las grabaciones de las intervenciones telefónicas que se presentaron como evidencia, son públicas y, por lo tanto, están disponibles para que la ciudadanía dimensione el grado de infiltración y consecuente influencia que el gobierno ha permitido que alcancen las pandillas.

La unidad anti-extorsiones también ha investigado y judicializado otros casos críticos, como el decomiso de fusiles en Las Palmas, en donde se sorprendió a un grupo de pandilleros portando armas automáticas de la Fuerza Armada (sin reporte de robo) y desarrollando ejercicios de adiestramiento militar. Similarmente, los esfuerzos por desvirtuar los resultados de esta investigación, considerando la trayectoria de esta dependencia fiscal, resultan poco creíbles y hasta mal intencionados.

El involucramiento de unidades fiscales como la de anti-extorsiones en la investigación de casos sensibles y relevantes como los antes descritos, llena de esperanza a la ciudadanía honesta que anhela un país más seguro y un futuro prometedor para las siguientes generaciones. Esto es una buena señal por parte de Luis Martínez y algo que los salvadoreños debemos de exigir para asegurar efectividad en los casos más críticos.

Criminólogo

@cponce_sv