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Impacto de incrementar los impuestos sobre la seguridad pública

El XIV Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), organizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), constituyó un interesante escenario en el que el sector empresarial y el gobierno del FMLN tendieron puentes de entendimiento a través de discursos propositivos, enfocados en fomentar el crecimiento económico fomentando la inversión y sugiriendo formas para la consecución de este objetivo. Esta interacción amigable, esperanzadora y productiva representa un golpe de timón en relación a la posición antagónica que el partido oficial tradicionalmente ha favorecido para con el sector privado. Desde la incorporación política del FMLN después de la firma de los Acuerdos de Paz, su discurso como oposición ha buscado siempre, hasta ahora, confrontar con el empresariado. Esta dinámica solo se agudizó durante su primer gobierno con Mauricio Funes. Estos antecedentes hacen que las declaraciones expuestas en el ENADE sean tan interesantes.

La posición concertadora y atinada adoptada por Sánchez Cerén se contrapone a la del ministro de Hacienda, quien defiende agresivamente el contenido de las diferentes propuestas legislativas que impulsa para incrementar la recaudación tributaria, criticadas por ANEP y diferentes analistas económicos, quienes pronostican efectos catastróficos para la productividad del país. El tema, aunque no lo parezca, es de suma relevancia desde una perspectiva de seguridad pública.

La extorsión sistemática perpetrada por estructuras delictuales son un impuesto adicional al que son sometidas las empresas. Ante un Estado e instituciones públicas débiles, organizaciones criminales retoman la provisión de ciertos servicios y cobran para acceder a ellos. En algunas localidades, por ejemplo, en las que el aparato de seguridad es endeble, ofrecen a personas naturales y jurídicas protegerlas de todo tipo de delitos a cambio de un tributo periódico. Comerciantes, en otros lugares, recurren a estas agrupaciones para hacer respetar acuerdos alcanzados con terceros.

La ineficiencia e inefectividad del gobierno para ofrecer servicios públicos, la importancia que éstos representan para las empresas y la relativa celeridad y certeza que ofrecen las estructuras delictuales para proveerlos, puede empujar a que los comercios ingresen y/o permanezcan en la informalidad. Esto fortalece a las organizaciones criminales y debilita al Estado. Hacerle frente a dos tributos es insostenible para muchos negocios y, por lo tanto, estos se ven tentados por los potenciales beneficios de operar fuera del radar gubernamental. La recaudación oficial disminuye, mientras que la de los grupos delictivos aumenta y, con ella, su influencia y control.

Diferentes investigaciones detalladas en publicaciones periodísticas han evidenciado el rol protagónico que juegan las pandillas y otras estructuras criminales en el sector informal. El poder que éstas ejercen en la granítica cobija de comercios informales que cubren diferentes centros urbanos es indiscutible, y los prósperos efectos que esto ha tenido para la continuidad, fortalecimiento y evolución de los grupos delictuales es aún más irrefutable.

Bajo las condiciones actuales, incrementar los impuestos en El Salvador podría tener efectos devastadores, ya que tiene el potencial de hacer crecer aún más a las organizaciones delictuales que operan y controlan gran parte del territorio nacional, cobrando tributos a empresas y comerciantes, formales e informales, por servicios públicos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Los negocios que no puedan migrar completamente a la informalidad, al estar pagando dos impuestos (uno al gobierno y otro a las organizaciones criminales), dependiendo de su capacidad para absorber, distribuir o evadir esta agobiante carga, se verán obligados a bajar la calidad de sus servicios, incrementar los precios que ofrecen al consumidor o cerrar. Esto tendría un impacto sobre el ciclo económico y, por lo tanto, un efecto criminógeno diferido sobre la incidencia de delitos contra la propiedad.

Cualquier iniciativa que busque mejorar las finanzas públicas debe de considerar las posibles consecuencias que incrementar los impuestos estatales puede tener sobre la decadente condición en la que se encuentra el aparato de seguridad pública.

*Criminólogo.

@cponce_sv