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¡Hagamos cuentas!

Con el objetivo de prevenir y combatir el enriquecimiento ilícito y los conflictos de interés de los servidores públicos, varias organizaciones de la sociedad civil, junto con funcionarios de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sostuvieron una serie de reuniones desde mediados del año 2013, para discutir y elaborar un nuevo anteproyecto de Ley de Probidad Pública. Para llevar a cabo esta tarea, se tomó como punto de partida un proyecto de ley que fue presentado en el 2008 por un equipo técnico conformado por funcionarios de la Sección de Probidad de la CSJ, del Tribunal de Ética Gubernamental y de la Asamblea Legislativa.

En dichas reuniones se hizo un estudio de las mejores prácticas internacionales en la materia, se observaron los parámetros fijados por la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se examinaron las recomendaciones hechas a El Salvador por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). En base a lo anterior, se realizaron varios ajustes al proyecto de 2008, dando como resultado el nuevo anteproyecto de Ley de Probidad Pública. Este fue presentado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa en octubre de 2014, pero ha pasado ya medio año sin que los diputados le den iniciativa de ley. Bajo este escenario, seis organizaciones --FUSADES, ISD, Fundación DTJ, FUNDE, ANEP y la Universidad Francisco Gavidia-- conformaron el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, con el objetivo de impulsar la pronta aprobación de la ley.

Actualmente, la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), publicada el 18 de mayo de 1959, es la que regula el tema. La misma se encuentra prácticamente obsoleta y las sanciones que prevé para quienes incumplen con sus disposiciones son risibles, ya que tiene multas desde los $11 dólares. Tal como manifestó recientemente en una entrevista el Jefe de la Sección de Probidad: "a muchos servidores públicos les sale más barato pagar una multa, que presentar la declaración de bienes". Si a lo anterior sumamos el hecho de que no se sanciona el presentar una declaración patrimonial incompleta, no hay duda que en El Salvador hay un deficiente control del enriquecimiento ilícito. El anteproyecto de la sociedad civil, en cambio, contempla multas que van desde $440 hasta $26,400 dólares, incluso por presentar una declaración patrimonial incompleta.

El anteproyecto propone además otros cambios fundamentales. Transforma a la Sección de Probidad en una Dirección de Probidad, con plenas facultades para investigar y sancionar los incumplimientos a la ley. Hoy en día, la Sección de Probidad no tiene la facultad de sancionar, sino la Corte en Pleno, lo cual requiere que al menos ocho magistrados se pongan de acuerdo. Este proceso burocrático ha causado que haya un número importante de sanciones pendientes, algunas desde el año 2010.

El contenido de la declaración jurada de patrimonio sería más amplio, para facilitar el control de los conflictos de interés, ya que obligaría a los servidores públicos a señalar cualquier participación, inversión o actividad en la que ellos, sus parientes o socios tengan de forma directa o indirecta, un interés o beneficio. En el caso de la declaración a la toma de posesión del cargo, esta información deberá ser de los dos años anteriores, para evitar aquellos casos en los que los candidatos a un cargo traspasan sus bienes para intentar burlar la ley.

Finalmente, otro avance importante que se lograría con la aprobación del anteproyecto, es que los ex servidores públicos deberán continuar presentando una declaración de patrimonio cada tres años, durante un plazo de nueve años, para evitar casos de enriquecimiento ilícito que se manifiestan hasta que la persona deja de ser funcionario. Esta disposición va en armonía con la Constitución, que establece que los juicios por enriquecimiento ilícito podrán incoarse dentro de los 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo.

Como ciudadano, confío en que habrá suficientes diputados en la Asamblea Legislativa que estarán dispuestos a que juntos hagamos cuentas, ya que solo si hay un manejo honrado y eficiente del dinero público, el Gobierno podrá atender de mejor forma nuestras múltiples necesidades. Por ello, todos los salvadoreños debemos sumarnos a este esfuerzo y exigir a los diputados que aprueben el anteproyecto de Ley de Probidad Pública impulsado por la sociedad civil. Ha llegado la hora: ¡Hagamos cuentas!

*Abogado.

Colaborador de El Diario de Hoy.

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