Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

El gran fiscalizador es el ciudadano, no el Estado

La Asamblea, luego de mucha resistencia y tardanza, en febrero del 2013 al fin hizo la Ley de Partidos Políticos. Una de las funciones de esta ley: generar transparencia de las finanzas de los partidos y sus campañas electorales.

Uno de los puntos de discordia fue, desde el principio de las deliberaciones: ¿Cuánta transparencia? O, mejor dicho: ¿Quién tiene derecho de saber? ¿Quién es, en fin, el fiscalizador?

Las únicas respuestas consecuentes a estas preguntas son: Transparencia total; el que tiene derecho de saber y fiscalizar es el ciudadano, el votante. Pero ni siquiera toda la oposición compartió este concepto radical de transparencia y rendición de cuentas. Muy pocos diputados (uno de ellos Edwin Zamora, de paso sea dicho) exigían que todas las donaciones que reciben los partidos y sus candidatos tienen que ser transparentados, y que el público en general, o sea cualquier ciudadano tenía que tener acceso a esta información.

La ley se quedó corta, porque los partidos no querían tanta transparencia. Y porque no concebían que el titular del derecho de conocer y fiscalizar las finanzas detrás de las campañas electorales sea el ciudadano, no el Estado y cualquier burocracia creada para este fin. El que vota por tanto tiene que saber que quien está detrás de los partidos y candidatos es el ciudadano, no el Estado.

A la misma conclusión llegó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, en agosto emitió una sentencia que obliga a la Asamblea a corregir la Ley de Partidos y establecer bien el principio de la transparencia. Conociendo como opera la Asamblea, la Sala le da un plazo de dos meses para hacer esta reforma.

Casi han pasado los dos meses, y los diputados no han cumplido. Siguen en la discusión de cómo evadir la transparencia y la fiscalización. Con los votos de FMLN, PCN y ARENA, la Comisión de reformas electorales aprobó un dictamen, con el cual piensan engañar al público: Acordaron que, por supuesto, "toda la información de cantidades e identidad de donantes será de acceso sin restricciones para autoridades encargadas de auditar a los partidos políticos como el Ministerio de Hacienda, el Tribunal Suprema Electoral y la Corte de Cuentas" (LPG, 15 de octubre 2014). Suena bien, a primera vista ("toda la información…"). Pero luego viene el truco: "El acceso ciudadano a la información de los donantes de los grupos políticos será facilitado siempre que las personas que financian den su autorización para ser publicadas".

Disculpen, señores diputados de la gran coalición de evasión de la transparencia: Está bien que las autoridades competentes del Estado auditen para ver si existe lavado de dinero, tráfico de influencias, corrupción u otros delitos. Perfecto. Pero esta audición no es el sentido político y ético de la transparencia. Estamos hablando de cómo facilitar al ciudadano el voto más informado posible. El votante necesita saber quién y el interés de quién está detrás de cada candidato y partido. Al diputado X lo está financiando, por ejemplo, don Fito Salume, bueno, que voten por él quienes no tengan problema con esto. Un partido está financiado por la gran empresa, bueno, que no voten por este partido los que sueñan con el socialismo. Otro partido vive de fondos de ALBA, bueno, yo no votaré por ellos…

Este tipo de transparencia --frente al pueblo, no frente a papá Estado-- quiere la ciudadanía y dicta la Sala. Es lo único importante: En mi criterio, ni siquiera es necesario regular cuánto una persona o una empresa puede donar a un partido, con tal que lo sepamos todos y podamos sacar nuestras conclusiones. Sólo así convertimos al ciudadano en el fiscalizador de la política. Es un derecho que no podemos delegar a "autoridades competentes del Estado", mocho menos al tipo de instituciones y funcionarios que tenemos. Nuestro derecho a fiscalizar a los partidos no puede ser condicionado a la "autorización" de sus donantes.

*Columnista de El Diario de Hoy.